Los casos de acoso dentro de universidades, fueron una de las causas que movilizó a estudiantes a lo largo del país. El movimiento exigió que los protocolos por abusos se actualizaran y que se agilizaran los procesos por denuncias dentro de los planteles. Algunas universidades, como la Universidad de Chile y la Diego Portales, adoptaron lo exigido por el estudiantado. Sin embargo, el reglamento sigue quedando a la buena voluntad de los directivos.
Es por esto, que en la Comisión de Educación del Senado se comenzó a trabajar en torno a tres proyectos de ley (los cuales podrían fusionarse para presentar un solo texto) para crear un marco regulatorio para aplicarlo en colegios, universidades, centros de formación técnica e instituto profesionales.
Juan Ignacio Latorre, senador y miembro de la Comisión, explica que el proyecto responde a una alta cantidad de denuncias que la Red de Investigadora ha recogido durante el último tiempo. «Lamentablemente, la evidencia internacional demuestra los abusos son una práctica repetitiva en el ámbito académico dado el contexto de la cultura machista en la que nos encontramos».
Los puntos del proyecto «antiacoso»
El foco del proyecto antiacoso estará puesto en prevenir los abusos y la violencia de género educando a la comunidad. Pero, también contemplará sanciones para las instituciones que no cumplan con los protocolos que se intentarán establecer con esta ley. Una de las propuestas estudiadas es que «se condicionen ciertos aportes públicos, por ejemplo Conicyt o aportes basales, si es que el plantel no tiene adecuadamente los protocolos, no establece políticas o si no sancionan de manera adecuada a los acosadores», puntualiza el senador de Revolución Democrática.
Otro de los puntos que se conversó en la primera jornada fue las sanciones a las personas que estén involucradas en estos casos. Estas podrían ir desde amonestaciones, multas o la expulsión de la institución. En el caso de que la investigación concluya que la acusación es falsa y las denuncias busquen denostar a un integrante de la comunidad, también se aplicarán sanciones.
Los encargados de educar y supervisar el cumplimiento de la normativa será encargado a una Unidad de Género, la cual debería tener algún rol de poder dentro de la institución.
Una de las tareas que tendrá el proyecto, y del cual se generó consenso en la reunión de ayer, es que habrá que «diferenciar entre escolares, donde hay niños jóvenes y adolescentes, que tienen especial cuidado donde hay que regular el tema de una manera especial ya que al estar involucrados menores los delitos son otros», asegura Latorre.
