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Lo que no ve el plan del Gobierno para “dar en el blanco” en la búsqueda de 243 mil armas: el poder de fuego de los delincuentes

El plan apunta a conocer el paradero de armas que alguna vez estuvieron registradas, para los especialistas es también apuntan a otras en poder de bandas

Según el cine cada ranchero del Lejano Oeste portaba una pistola. Con esa lógica, habría que llenar de vaqueros cinco veces el Estadio Nacional para dimensionar cuántas armas existen en Chile sin destino conocido. ¿Cifras? Son al menos 243 mil que no tienen un paradero conocido. Y eso es lo que quiere revertir el Gobierno.

A través de la vía administrativa, se buscará actualizar las bases de datos con una reinscripción que incluye un «borrón y cuenta nueva» para quienes tienen armas que alguna vez estuvieron registradas, pero a nombre de otros.

Son 150 propuestas

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Todo se enmarca dentro del Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, que incluyó el trabajo conjunto de parlamentarios, municipios, especialistas, entre otros actores que este jueves entregaron un documento al Presidente Sebastián Piñera.

Ahí destacan al menos cinco ejes: modernización y especialización de las policías, fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado, rol de los municipios en la seguridad pública, coordinación entre los actores del sistema de persecución penal y fiscalización y control de las armas. Todo está agrupado en 150 propuestas de las cuales 41 apuntan a las armas.

De hecho, según el documento, actualmente hay 753.619 las armas inscritas activas. De estas «25.980 se encuentran extraviadas, 21.113 han sido robadas, 471 han sido hurtadas y un total de 186.448 asociadas a personas fallecidas».

Inscripción por vía administrativa

Por lo mismo, se buscará actualizar el registro y así lo anunció el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

«En materia de control de armas vamos a iniciar dos planes que creemos importante y urgente: uno es un llamado a la reinscripción de las armas que están actualmente registradas para actualizar el registro (…) y al mismo tiempo reactivar el plan “entrega tu arma” para todo aquel que posee un arma ilícita o que no pueda estar registrada, pueda entregarlas para evitar las responsabilidades penales que implica”, precisó.

Pero no es todo. El acuerdo anuncia la posibilidad de que los poseedores ilegales de armas de fuego inscritas y quienes tengan armas no registradas puedan acceder a una «exención de responsabilidad» si se acercan a registrarse.

Vacíos

Para las voces críticas, esto deja un vacío: las armas ingresadas a Chile  no registradas. Esto considerando que en 2017 Carabineros obtuvo 2.403 armas en operativos y muchas de ellas eran hechizas, ingresaron por pasos irregulares o no estaban registradas.

«A mí me parece que el problema de la cantidad de armas en manos de los delincuentes», indica a Publimetro el diputado Leonardo Soto (PS), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

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Según él, la vía administrativa no es suficiente y faltaría realizar adecuaciones legislativas con miras a tener una entidad más robusta que identifique dónde están las armas.

«Tenemos una regulación bien estricta en el uso de armas para privados y para los funcionarios públicos, pero resulta inexplicable que más de 243 mil armas puedan estar en redes criminales. Algunas medidas a tomar deben implicar alguna modificación a legislación pues es ineludible fortalecer la capacidad fiscalizadora para controlar este tema», afirma el diputado.

Agrega que «hay medidas que tuvieron su utilidad práctica que permitieron regularizar armas de personas que heredaron estas unidades por fallecimiento del titular o bien, para también normalizar las  de caza y deporte. Pero estas medidas ya cumplieron todo su potencial pero sin duda lo que se requiere es más que fiscalizar el armamento en manos de particulares, se requiere una autoridad fiscalizadora robusta, con recursos humanos y económicos», afirma.

Voz de la academia

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Desde la academia, Máximo Quitral, doctor en Ciencia Política y profesor de la UTEM, las falencias están en que el Estado, independiente de los colores políticos, no han podido resolver el problema de las armas.

«Hay un punto que hay que dilucidar: ¿cuán efectivas han sido las políticas públicas para tener un control y catastro de las armas? Si tenemos grupos y bandas que han logrado controlar un armamento de alto calibre, sin el seguimiento de nuestras policías, es por que algo está fallando en estos organismos», reflexiona el profesor.

Para el académico, «es el Estado el que tiene que buscar una respuesta a esa problemática de fondo para conseguir que bandas muy organizadas, con un alto poder de fuego, sigan organizadas en las población.

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