La Comisión Mixta que analiza la Ley de Identidad de Género aprobó ayer por unanimidad que las personas casadas deberán disolver su matrimonio. Esto, si una de las partes quiere cambiar su nombre y sexo registral. “Boicoteándose así un derecho existente en la legislación actual”, sostienen desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
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La obligación de disolver el vínculo ocurrirá aunque ambas partes deseen seguir unidas en matrimonio.
Una medida regresiva
En la actualidad, sin embargo, las personas casadas que cambian su nombre y sexo legal no están obligadas a disolver su matrimonio. “Estamos en presencia de una medida que es regresiva, un absurdo insensible, pues la ley de identidad de género debe venir a ampliar derechos, no a cercenar los ya existentes”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, tras asistir a ayer a la Comisión Mixta.
“Con esta medida hay además una invasión ilegítima a la vida privada de las personas», añadió. El dirigente explica que esto se debe a que se las obligará a terminar con la unión matrimonial aunque cuando deseen seguir casadas. «Estimamos que esta medida violenta la Constitución y no descartamos recurrir a la Contraloría General de la República o al Tribunal Constitucional», añadió el vocero del Movilh, Oscar Rementería.
El Movilh apuntó que «en este plano la Comisión Mixta ha sido presa de la ignorancia y los prejuicios». Desde el Movilh, añaden que «con su regresiva medida busca impedir que personas del mismo sexo se casen». «Significa que los parlamentarios siguen confundiendo a la orientación sexual con la identidad de género, una falta gravísima cuando se supone que están legislando sobre los derechos de personas trans y que debiesen manejar mínimamente conceptos y realidades», agregaron los dirigentes.
