Corrupción pasiva y lavado de dinero fueron los cargos por los que se le imputó a Luiz Inácio Lula da Silva. Por los mismo cargos la justicia brasileña estipuló que se le encarcelara por 12 años y un día, después de un domingo de contradicciones.
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Durante la mañana el juez Rogerio Favreto ordenó la libertad del ex mandatario tras aceptar el habeas corpus, institución jurídica creada e invocada para evitar encarcelamientos “arbitrarios”.
No pasó mucho rato para que un segundo juez, Joao Gebran, se opusiera a la medida, generando una polémica que mantuvo la tensión en el país del carnaval.
Por esta razón se necesitó la intervención de un tercer juez que resolviera el conflicto, y fue el turno de Carlos Thomson Flores, presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región. Como todo en este día, la decisión se tomó rapidamente y Thomson no tardó en zanjar: Lula continuará en prisión.
Toda esta situación se da en un contexto complejo, donde el líder del Partido de los Trabajadores es la carta favorita según las encuestas para llegar a la presidencia en las próximas elecciones de octubre.
