Para las 10:00 horas de este martes, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, está fijada la audiencia en que se verá el procedimiento abreviado en el denominado Caso Penta, el que permitirá a los principales imputados acceder a penas menores a las que habrían recibido en un juicio oral.
Se trata de un acuerdo entre la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y los controladores del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, además de Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera.
La Fundación Ciudadano Inteligente, como parte querellante del caso Penta, se opondrán al procedimiento abreviado, pero esta salida alternativa es atribución exclusiva de la fiscalía, aunque el juez puede rechazarla si estima que las penas solicitadas no son acordes con la gravedad de los delitos.
Por esto último, en la misma audiencia, la fiscalía procederá a reformalizar a los tres imputados. En el caso de Délano y Lavín, la fiscalía retirará los cargos de soborno y mantendrá los delitos tributarios por un perjuicio fiscal de $1.700 millones. La fiscalía pedirá una pena de cuatro años de presidio que ambos imputados podrían cumplir en libertad, más el pago de una multa por el mismo monto del perjuicio fiscal.
En opinión de la fiscalía, la acusación de soborno contra Délano y Lavín por el pago de $42 millones al ex subsecretario Wagner, tenía dificultades para ser probada en un juicio oral. Además, Délano y Lavín tienen las atenuantes de irreprochable conducta anterior y reparación del mal causado, mediante el pago de $6.000 millones, por lo que las penas de cárcel en un eventual juicio oral se ven como poco probables.
En el caso de Wagner, la fiscalía retirará la acusación de cohecho y la cambiará por la de enriquecimiento ilícito, debido precisamente a la dificultad de probar el delito. Wagner recibió los $42 millones de Penta como parte de honorarios adeudados, pero recibió el dinero cuando ya ocupaba el cargo en el primer Gobierno de Piñera.
El juicio abreviado en el caso Penta ha sido criticado por tratarse de un caso emblemático de financiamiento ilegal de la política, similar al del caso SQM. En marzo de 2015, el entonces fiscal Carlos Gajardo a cargo del caso Penta formalizó a los controladores por haber montado “una máquina para defraudar al fisco”, y logró que el Octavo Tribunal decretara la prisión preventiva de ambos, la que cumplieron durante 46 días para luego pasar 229 días en arresto domiciliario.
Incluso, este juicio abreviado llegó al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento presentado por parlamentarios del Partido Socialista, también querellante en el caso. Sin embargo, el 18 de junio pasado, el TC declaró inadmisible el requerimiento y dio luz verde al procedimiento.
