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Crisis fronteriza: 17 Estados y tres madres indocumentadas demandan al gobierno de EEUU

Diecisiete estados, entre ellos Washington, Nueva York y California,  presentaron este martes una demanda para obligar al gobierno de Donald Trump a reunificar a familias que han sido separadas de sus hijos en la frontera con México. Este es el primer litigio presentado por estados de la unión contra esta práctica.

Si bien el mandatario firmó la semana pasada una orden ejecutiva para poner fin a la práctica, los Estados argumentan que ese decreto está «plagado de condiciones y no incluye la reunificación de familias que ya habían sido separadas».

La demanda sostiene que el gobierno le negó a los migrantes un proceso judicial justo, y les privó de su derecho a solicitar asilo, sumado a los más de 2 mil menores de edad han sido separados de sus padres y colocados en albergues del gobierno bajo la política del gobierno de Donald Trump -ya revertida – de «tolerancia cero».

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En lugar de ello, el gobierno ahora busca en el tribunal federal en Los Ángeles dejar que las familias permanezcan detenidas juntas mientras dure el proceso migratorio.

En tanto, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, aseguró que su departamento aún tiene custodia de 2.047 niños inmigrantes, apenas seis menos que los 2.053 que estaban bajo su custodia hasta el miércoles de la semana pasada.

Por otro lado, este lunes el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza detalló que la agencia detendrá, momentáneamente, la entrega de familias inmigrantes a los fiscales ya que el espacio sería insuficiente para albergar a todas las personas que intentan entrar a Estados Unidos.

La indicación se mantendrá en vigor mientras el Gobierno encuentra la forma legal y las instalaciones adecuadas para poder procesar al 100 por ciento de los adultos por la vía penal sin separarlos de sus hijos. “No estamos cambiando de política, simplemente es que no tenemos suficientes recursos”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una conferencia de prensa.

Activistas exigen libertad

Activistas que defienden a los inmigrantes en Estados Unidos solicitaron este martes a un juez federal que ordene la libertad de los padres que fueron separados de sus hijos en la frontera con México, mientras una multitud protestaba contra un evento en Los Ángeles donde iba a hablar el secretario de Justicia Jeff Sessions.

La demanda fue presentada por Public Counsel, una firma de abogados en Los Ángeles que ayuda gratuitamente a los inmigrantes, en este caso a tres madres centroamericanas cuyos hijos les fueron arrebatados por las autoridades estadounidenses en mayo.

Trascendió que las tres mujeres viajaron al país del norte junto a sus hijas escapando de casos vinculados a la violencia de género y pandillas.

«Estos padres están atemorizados por sus hijos y lo que más quieren es asegurarse de que las heridas psicológicas que esta experiencia ya ha causado no sigan infligiendo daño irreparable», dijo en un comunicado Judy London, una abogada de Public Counsel.

El Departamento de Justicia se negó a formular comentarios.

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México también protesta

México objetó  la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que la semana pasada puso fin a la separación de familias inmigrantes en la frontera por considerar que perpetúa la violación de los derechos humanos.

“Aquí el problema de raíz es la criminalización de la migración, lo cual creemos que es absolutamente inaceptable, y las consecuencias que esta criminalización tiene sobre los niños”, dijo el canciller mexicano Luis Videgaray . “Aun en el caso de que no sean separados de sus padres, se les mantiene detenidos como si hubieran cometido un crimen.”

La orden ejecutiva de Trump mantendrá detenidas al menos durante 20 días a las familias que lleguen a la frontera estadounidense sin la debida documentación.

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Videgaray también dijo que buscará presentar este viernes- ante el Consejo Permanente de la OEA- un proyecto de resolución para condenar formalmente la política migratoria estadounidense de separar a las familias y para ordenar una visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

 

 

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