Son dos jóvenes chilenos los que ya suman siete meses detenidos en la cárcel de Sungai Buloh, ubicada en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Se trata de Felipe Osiadacz y Fernando Candia, ambos con el riesgo de ser condenados a muerte en la horca, luego de enfrascarse en una pelea con un ciudadano malayo quien terminó falleciendo.
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Del hecho no se conoce mucho: todo se ha tratado con total hermetismo. Lo que sí se supo es que el padre de Felipe, Fernando Osiadacz se acercó ya dos veces de manera formal a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a solicitar orientación: en octubre pasado y, tras el cambio de Gobierno, también ahora con las nuevas autoridades.
Sobre esta material desde Cancillería indicaron que «se ha hecho lo que hace con cualquier ciudadano chileno que se encuentra en esta situación y lo vamos a seguir haciendo es prestar la asistencia consular a los señores Osiadacz y Candia y lo vamos a seguir haciendo porque esto es lo que nos corresponde hacer».
Pero, ¿qué acciones prácticas puede hacer el país a nivel diplomático para ayudar a los chilenos?
Diplomacia
Para Samuel Fernández, ex embajador de Chile en la ONU con sede en París, hay que echar mano a la convención de Viena sobre relaciones consulares. «Malasia está obligada a advertir al cónsul que hay chilenos o malayos detenidos en su territorio», indica. Pero no sólo eso, también debe informar de todo lo que pase. En ese sentido, para él, información a tiempo es algo que debe aprovecharse por la defensa chilena.
Por otra parte, pese a que pedir la extradición ni el intercambio de reos no es un camino pues «eso se realiza para intercambio de reos políticos», lo que sí se puede hacer es recurrir a tribunales internacionales si todo sale mal.
«Si todo sale pésimo, existe una posibilidad: ver si es que el proceso cayó en un hecho de violación al debido proceso y a los Derechos Humanos. Eso se puede denunciar ante organismos internacionales. Existe esa posibilidad pero solo en caso de que todo salga muy mal», precisa el académico de la U. Central.
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Estrategia
Respecto a la estrategia de los abogados, Luis Bobadilla, secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, advierte que hay una complicación con las leyes musulmanas.
«La ley islámica no se distingue un homicidio con intención de uno sin ella. Por eso se está llevando este cargo al límite», precisa.
Aún así asegura que hay que esperar al 29 de mayo, en el inicio del juicio, para ver la posibilidad de echar mano a atenuantes y «desestimar los cargos de asesinato para cambiarlo por un homicidio culposo».
Algo similar es lo que opina Gonzalo Vergara Yanten, con un postgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica y una maestría de la misma materia en la Universidad de Buenos Aires.
«Lo que se debería hacer es atender a la defensa y buscar algún elemento que desvincule la intención que apunte a que estos jóvenes hubiesen querido cometer el delito. Obviamente también encontrar una atenuante para la sanción», señala Vergara.
Por último precisa que «hay que tratar de dejar en claro que el homicidio no fue buscado. De ser así arriesgan una condena de 10 a 15 años, lo que también es muy fuerte, pero no es la horca», sentencia el abogado.
