El próximo jueves 3 de mayo el Estado chileno debe entregar los avances que se han implementado en el país en materia de derechos LGTBI, luego que en 2016 se firmara un acuerdo de solución amistosa entre autoridades gubernamentales y el vocero del Movilh, quien presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A un año y medio de la firma de este acuerdo en la que participaron los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Educación, Adriana Delpiano; de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual; de Salud, Carmen Castillo; de Justicia, Javiera Blanco y de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz; se han cumplido 13 de 23 promesas vinculadas a esta temática.
Los avances y lo que falta
Si bien inicialmente en el acuerdo se constituía un total de ocho puntos, el mismo Movilh valora las distintas políticas públicas y medidas que la administración pasada tomó en relación al avance de los derechos de las personas LGTBI.
Tal como precisan desde el organismo, son 13 las medidas que se han cumplido entre las cuales se encuentran la incorporación de los derechos LGBTI en el Plan Nacional de Derechos Humanos, circular que prohíbe cirugías a recién nacidos intersex hasta que ellos crezca y puedan decir cual es su sexo, dos ceremonias pública a favor del matrimonio igualitario encabezadas por la presidenta Bachelet en el Palacio de La Moneda, discusión de la ley de identidad de género con algún nivel de urgencia, tal como lo exige el acuerdo.
Mientras que 10 promesas aún son temas pendientes se encuentran la aprobación de la ley de identidad de género y del matrimonio igualitario; reformas al Acuerdo de Unión Civil y a la Ley de adopciones para permitir la adopción a parejas del mismo sexo, reformas a la Ley Zamudio, implementación de un programa nacional de educación sexual y de derechos sexuales y reproductivos que incorpore la realidad LGBTI, entre otras.
Respecto a si estas medidas constituyen realmente un avance para el país, el vocero de Iguales, Juan Enrique Pi, afirma que la discriminación hacia las personas LGTBI ha sido dinámica. «Es importante que todas las organizaciones de la sociedad civil nos mantengamos no solo en la lucha por lograr puntos específicos, sino que también fiscalizar en que estos se cumplan», señala.
«Una de las grandes deudas que tiene el país es la cuatificación de las brechas en distintos conflictos, dejando de invisibilizar a las personas LGTBI: vivienda, migración, trabajo, salud, entre otras. Es necesario conocer estas cifras para trabajar en acortar estas diferencias porque no se puede avanzar si no las conocemos», agrega Pi.
En tanto, Franco Fuica, vocero de la asociación Organizando Trans Diversidades (OTD), impulsora del proyecto de Ley de identidad de género, no es tan positivo. «Han habido algunos avances como las circulares del Ministerio de Educación, que fue un gran avance, pero hay cosas que mejorar. Aún no se logra entender con claridad cuál es la urgencia de las políticas públicas para la comunidad trans».
«Hace falta entender la situación laboral, de educación y de salud que viven las personas trans para que existan legislaciones y políticas públicas de alto nivel, y que no suceda lo que pasa con la ley antidiscriminación, la cual es muy difícil de usarla», agrega Fuica.
Conversaciones con el nuevo gobierno
Tal como explica Jimenez a Publimetro, «Estamos en las primeras conversaciones con el Gobierno de Piñera respecto al acuerdo. Ya nos hemos reunido con la Subsecetaria de Derechos Humanos, Lorena Recabaren, con el Ministro de Salud, Emilio Santelices, y con el Director del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Pablo Crisóstomo, para abordar los puntos del acuerdo referentes a sus respectivas carteras. Ha existido una buena recepción, sin embargo, solo en las próximas dos semanas, y tras reunirnos con más ministros, sabremos de qué manera el Ejecutivo contribuirá a hacer efectivo el acuerdo».
«En este momento, más que hablar de confianza o desconfianza, estamos expectantes. Aunque, no debe perderse de vista que el acuerdo es un compromiso de Estado, legal y vinculante, tal y cual lo estableció este mes la Contraloría General de la República. Por tanto, más que un compromiso del Gobierno de turno, es un compromiso de Estado. Es deber de toda autoridad cumplirlo, sea del Legislativo, Ejecutivo o Judicial. En este plano, la presidenta la Cámara de Diputadas, Maya Fernández, ha sido muy clara en reunión con nosotros este mes», agrega el vocero del Movilh.
«No cumplir el acuerdo es entrar en pugna con el sistema interamericano de derechos humanos y dejar muy mal a Chile a los ojos del mundo», advierte.
