DIRECTOR DE ECONOMIAPARATODOS.CL
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A toda máquina trabajan en Bancard, principal empresa del Presidente Sebastián Piñera. La sociedad que administra el patrimonio familiar debe definir antes del 11 de marzo quién o quiénes se harán cargo de administrar la fortuna del Mandatario, ya que en esa fecha el empresario asumirá por segunda vez la presidencia del país.
La ley 20.880 sobre “Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Interés” obliga a Piñera a encargar a terceros la administración de su riqueza y a no conocer las decisiones que éstos tomen, lo que se denomina “fideicomiso ciego”. Dicha obligación también rige para ministros, subsecretarios y otros funcionarios públicos, para así evitar que se tomen decisiones políticas en pos de la riqueza personal, en vez del bienestar social.
Al inscribir su candidatura a la presidencia, Sebastián Piñera declaró una fortuna conjunta con su esposa de US$ 800 millones. Este patrimonio será el que deberá ser administrado por terceros, quienes tendrán la obligación de no informar de sus movimientos y decisiones a la familia presidencial. Trascendidos hablan de que serían tres las entidades financieras elegidas por el Mandatario, entre ellas Moneda Asset Management y BTG Pactual.
En 2010, cuando no existía la Ley de Probidad, Piñera voluntariamente entregó la administración de US$ 400 millones a cuatro entidades financieras bajo la figura de un fideicomiso ciego. Hoy, con la nueva legislación, el Mandatario duplica los recursos que serán manejados por terceros. No obstante, el patrimonio declarado resulta inferior al real. De acuerdo con la revista Forbes, la fortuna del Presidente y su familia asciende a US$ 2.700 millones. En ese sentido, nuevamente el clan Piñera no estaría encomendando a terceros la totalidad de sus riquezas.
¿A qué corresponden esos US$ 1.900 millones de fortuna no declarados por Piñera? En parte, a firmas que pertenecen a la familia, pero donde el Presidente no figura como accionista o propietario. Un ejemplo es Inversiones Odisea, empresa con un patrimonio de US$ 637 millones, propiedad de los hijos del matrimonio Piñera Morel y controlada por Inversiones La Ilíada, empresa donde los accionistas son Sebastián y Cristóbal Piñera Morel, además de los nietos del Mandatario. Respecto al patrimonio de sus hijos, el Presidente aseguró que ellos harán un fideicomiso ciego voluntario y sólo de sus inversiones en empresas nacionales.
A la espera de lo que decidan sus hijos y nietos, el 70% de la fortuna del Mandatario seguirá siendo administrado por la familia. Así, en contraposición al espíritu de la legislación, la familia no perderá de vista gran parte de su patrimonio. Sólo resta esperar que el Presidente Piñera ejerza el más alto cargo político del país con probidad y no en función de sus intereses personales. A la opinión pública corresponderá estar atentos y velar por lo que la ley no pudo.
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