La Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes) realizó una presentación ante la Contraloría General de la República para que la entidad investigue y se pronuncie sobre la legalidad y los presuntos vicios de forma del proceso de subasta del jurel por 50 mil toneladas, que se llevó a cabo a fines del año 2017, por parte de la Subsecretaría de Pesca.
Juan Montenegro, dirigente de la gremial denunciante, esta fue la licitación más importante desde la aprobación de la ley de Pesca y buscaba abrir el mercado pesquero, situación que no ocurrió.
“No logró su objetivo. Por una parte, se concentró en una gran industria, Orizon con el 36% del recurso; y por otra al analizar el proceso se observan vicios legales y administrativos que implicaron, por ejemplo contacto con algunos oferentes por parte de la Subsecretaría de Pesca, tal como lo informó la prensa y por otro, a pesar de que hubo una gran presencia de funcionarios públicos y un notario público, se extraviaron 50 sobres con ofertas que habían ingresado al sistema”, indicó Montenegro.
Dentro de los puntos que destaca la presentación ante el ente contralor, ya el 3 de noviembre del año 2017, a través de la prensa se indica que “el 30 de octubre la Subsecretaría de Pesca inició el contacto con distintas compañías y otros actores incumbentes, como pymes, para la licitación de dicho recurso en distintas regiones del país, cuyo resultado se conocerá entre los días 4 y el 6 de diciembre”.
