El persecutor jefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra, solicitó hoy la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento en contra del desaforado senador UDI, Iván Moreira Barros, quien fue formalizado el año 2015 por delitos tributarios en el marco del caso Penta.
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La decisión adoptada por el fiscal fue acordada junto con el abogado defensor del senador, Gabriel Zaliasnik Schilkrut, quien aceptó las condiciones propuestas por el Ministerio Público, las cuales consisten en la fijación de un domicilio y el pago del monto de $35 millones de pesos al fisco.
La cifra que deberá pagar el desaforado senador por la región de Los Lagos, es la totalidad del monto de las boletas ideológicamente falsas que emitieron los colaboradores del parlamentario.
Según informó la Fiscalía, “esta salida alternativa se ajusta a las disposiciones legales vigentes y al principio de objetividad que guía las acciones del Ministerio Público”.