El gobierno argentino decidió quitarle el estatus de refugiado político al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, acusado de ser autor intelectual del asesinato del ex senador UDI, Jaime Guzmán, en 1991 y del secuestro de Cristián Edwards. Con esto, se abre la posibilidad de extradición de uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Apablaza, conocido con la chapa de “comandante Salvador” fue detenido en argentina el 29 de noviembre del 2004, durante un operativo de la policía transandino en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde residía bajo el falso nombre de «Héctor Daniel Mondaca».
Posteriormente Chile pidió formalmente su extradición, la que fue concedida el año 2010 por la Corte Suprema argentina. Sin embargo, la administración de Cristina Fernández le entregó la condición de refugiado político, calidad que perdió según informó esta tarde el diario El Clarín y ratificado posteriormente por el canciller chileno Heraldo Muñoz.
La posibilidad de la extradición de Galvarino Apablaza
El canciller chileno explicó, a través de una conferencia de prensa, que hasta el momento al gobierno chileno no se le ha informado formalmente de la situación, pero si fueron alertados ayer y agregó que Apablaza tiene derecho a apelar a la decisión.
«Esta es una decisión de las autoridades competentes argentinas, esto por parte del Gobierno de Chile se ha pedido por bastante tiempo, yo mismo lo he conversado con el canciller de Argentina en distintas oportunidades, incluso si ustedes recuerdan la propia Presidenta de la República ha planteado el tema en distintas oportunidades, tanto al presidente Macri como la ex presidenta Cristina Fernández», aseguró el canciller.
Respecto a su extradición, Muñoz explicó que “existe la posibilidad de que llegue al país, porque la Corte Suprema de Argentina ya le dio la razón a Chile cuando pidió la extradición”.
El ministro de Asuntos Exteriores agregó que “las posibilidades de la extradición aumentan, pero se debe respetar el debido proceso y está la posibilidad que el afectado concurra con una apelación”.
