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Comisión de Educación aplaza votación: el ruido que genera el proyecto de ley de universidades estatales

Diversas organizaciones y rectorías de las universidades del Estado esperan que indicaciones sean incluidas por el gobierno en el proyecto.

(Sebastian Beltran Gaete/Agencia Uno)

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados decidió aplazar la votación sobre el proyecto de ley que busca regular a las universidades estatales, cuya decisión debía ser tomada durante esta semana por los 13 diputados que conforman la instancia.

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El presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh) y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, explicó en la reunión que sostuvieron este martes que «este proyecto es importante ya que al fin tendremos una ley que especifica que el Estado se preocupa y responsabiliza de sus universidades».

«Cuando apareció este proyecto nos dimos cuenta que tenía falencias y las hicimos ver desde el primer momento (…) que no haya ley sería un fracaso para las universidades estatales, pero esta debe ser concordante con lo que desean y expresan los planteles «, agregó Vivaldi.

En tanto, el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, y vicepresidente de la organización afirmó en la ocasión que para los planteles regionales es sumamente importante el tema del financiamiento, razón por la cual valoraron positivamente «el hecho que se haya postergado la idea de legislar en la comisión, porque da mas tiempo para discutir sobre este tema», donde se debería considerar la realidad de cada una de las casas de estudio para definir la forma de distribuir y obtener recursos. 

Tal como declararon los estudiantes, académicos y funcionarios de la Universidad de Chile en su toma a la Casa Central de este lunes, los ejes en los que giran estas críticas son principalmente tres:

  1. El proyecto no respetaría la autonomía universitaria y reduce su participación a espacios consultivos
  2. Se profundizaría la precariedad y flexibilidad laboral
  3. No se cambiaría la estructura de financiamiento, el cual sería altamente inestable e insuficiente.

En cuanto a la autonomía, el rector de la Universidad Arturo Prat, Gustavo Soto Bringas, afirmó a Publimetro que esta iniciativa «generó una inmediata resistencia, dentro de los tres estamentos, existe una indefinición sobre los recursos que tendrían los planteles estatales, preservando el modelo centralista y poco democrático».

Respecto a este último punto, vinculada a la gobernanza universitaria «el sistema propuesto por el Poder Ejecutivo, precisamente va en la dirección opuesta a lo que demanda la ciudadanía, afectando, a través de una propuesta, una mayor autonomía. Si bien se restituye la Junta Directiva por un Consejo Superior, este aún carece de representatividad interna, preservando además el modelo centralista, que a diario vivimos en las instituciones estatales, luego que este nuevo organismo, estaría integrado por 9 miembros, de los cuales un tercio (3) serán nombrados por la presidencia del país».

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En tanto a la precariedad laboral, la presidenta de la Federación nacional de funcionarios de las Universidades Estatales (Fenafuech), María Cristina Castro, afirmó que «si bien rechazamos la forma en como el proyecto se presentó en el Congreso, nosotros hicimos nuestras respectivas observaciones y ahora esperamos que estas sean integradas como indicaciones por parte del ejecutivo».

Una de esas indicaciones, según Castro, concuerda con una de las principales preocupaciones que tienen los funcionarios que «es mantenerse en los estatutos administrativos, ya que esto nos da mayor seguridad respecto a la estabilidad laborar y a la carrera funcionaria, a diferencia de lo que se pretende». 

«Lo que nosotros esperamos es que cada universidad decida sus propias contrataciones, la carrera funcionaria. No nos da garantía que se nos diga que vamos a seguir siendo solo funcionarios públicos. Nosotros rechazamos el proyecto como está pero esperamos las indicaciones que ingrese el gobierno», agregó la presidenta de la Fenafuech.

 

Respecto al financiamiento, Soto explicó que pese a que existe un reconocimiento a la labor que ejecutan las universidades estatales  «estas no se condicen con una entrega de recursos, que definan como política de Estado la entrega de fondos que fortalezcan, la docencia, investigación y vinculación con el medio, preservando el actual modelo de glosas».

El hecho que el financiamiento de las universidades dependan de la Ley de Presupuesto, explica el rector de la universidad norteña, genera una gran incertidumbre en torno a los recursos disponibles para cada año.

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