Hoy el comité de ministros para la Sustentabilidad, en cabezado por el titular de Medio Ambiente rechazó el proyecto minero portuario Dominga, de la empresa Andes Iron y que pretendía emplazarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
Ante esta resolución, que será apelada por la compañía, especialistas tomaron distintas posturas. María Fernanda Juppet, directora de de Derecho de la Universidad San Sebastián, enfatizó en que «es importante considerar este tema desde un doble punto de vista, en primer lugar, Chile ha pasado a ser un país en el cual el patrimonio ambiental va tomando cada vez el sitio que le corresponde, siendo un aspecto a cautelar y proteger por la autoridad, y por la sociedad en su conjunto. Fallos como el del comité de ministros reafirma esta postura».
En cuanto a cómo esto afectaría a la economía, Juppet afirmó que «es cierto, que en esa línea, nuestro país puede perder potenciales inversionistas, pero aquellos que se vean interesados en participar con sus inversiones en chile, lo harán con una conciencia de respeto al medioambiente, mediante la aprobación de proyectos sostenibles, como lo harían en los otros países miembros de la Ocde».
Sin embargo, Ronald Guzmán, director de la Escuela de Minería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, resalta que serán alrededor de 10 mil los empleos que generaría el proyecto.
«Hay una consecuencia negativa directa en la inversión de un proyecto greenfield (nuevo), que generaría empleo directo para la construcción y operación de una mina, en una zona con alto desempleo que, por lo demás, hubiese desarrollado empleos indirectos en servicios asociados con beneficio directo a la comunidad de Las Higueras. A mi juicio, si bien hay errores u omisiones en el SEIA del proyecto, creo son justamente las instancias que rechazaron el proyecto, quienes deben mirar un proyecto minero en su real dimensión no sólo por los impactos negativos al medio ambiente, sino por el impacto positivo en inversión, impuestos y empleos», subraya Guzmán.
Asimismo, el director lamenta que Andes Iron continúe el alegato en instancias judiciales, «ya que lo aleja de la discusión técnica, económica y ambiental que es la que debe prevalecer en este caso».
