Es una polémica que hasta hoy no se calma del todo. La ley de estacionamientos no dejó a casi nadie conforme.
Cabe recordar que la idea original era regular aspectos como los precios, el cobro por pérdida del ticket y la responsabilidad de estos recintos frente a robos y/o daños de los vehículos en recintos asociados a centros comerciales, pero solo el segundo ítem prosperó.
En su trámite en el Congreso, se perdió la media hora inicial gratis que se quería establecer y es el usuario el que tiene que demostrar que el estacionamiento no cumplió con las medidas de seguridad necesarias, lo que a juicio de los críticos, es una tarea compleja.
Según datos entregados por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), se han presentado 2.135 reclamos contra estacionamientos desde la entrada en vigencia de la legislación, el 15 de febrero, hasta el 20 de julio pasado.
El organismo detalló que los principales motivos de los reclamos son por robo o hurto al interior de los estacionamientos (56,8%); daño en el vehículo (10,7%); cobro de precio superior al exhibido, informado, o al tiempo efectivamente utilizado (7,3%); proveedor no reconoce aplicación de la Ley 20.967 a su estacionamiento (4,7%); alza injustificada (4,7%); entre otros.
Cambios a la ley
El 14 de julio la Comisión de Economía aprobó la idea de legislar unas mociones refundidas de parlamentarios que fueron autores de la norma original y van en dirección a reponer estos dos aspectos.
«Las mociones refundidas se orientan a corregir dos cuestiones que a juicio de los autores están mal planteadas en la ley: es establecer para los centros comerciales y malls un periodo de gratuidad inicial”, explica el presidente de dicha instancia, Sergio Espejo
Junto con ello, el parlamentario añade que con el cambio también se pretende que el dueño del estacionamiento no pueda eximirse de la responsabilidad por los daños que sufran los vehículos.
Quien está trabajando con los parlamentarios autores de estas mociones es la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). El presidente de esta entidad, Hernán Calderón, comenta que se quiere insistir con que en cierto lapso las personas no tengan que pagar. “Lo primero es la primera media hora de gratuidad a todo evento”, comenta, además de dos horas si es que se hizo una compra.
Respecto de las responsabilidades, Calderón explica que lo que se busca son mecanismos para que a los usuarios no se les haga difícil demostrar que fue víctima de un delito, “para que el proveedor no presente recursos oponiéndose”.
En ese sentido, Espejo sostiene que “debiera corresponder al dueño del establecimiento la carga de la prueba, probar que los daños no le son imputables. Esa había sido la jurisprudencia de los tribunales hasta la dictación de esta ley y parece sensato corregirlo así”.
Sin embargo, la opinión de expertos en derechos del consumidor no coinciden tanto con los cambios que se quieren realizar.
“No veo razón alguna, ni jurídica, económica o de política pública, para que exista gratuidad en un servicio que va directamente en beneficio del usuario de automóviles”, sostiene Felipe Bravo, abogado de derecho comercial de la Universidad Católica.
El experto en derechos del consumidor añade, que entre otras cosas, “no hay justificación social alguna para promover el uso de los vehículos al establecer gratuidad en el estacionamiento”.
En esa línea María Fernanda Juppet, directora de la carrera de Derecho de la U. San Sebastián, afirma que la ley de estacionamientos “resguarda adecuadamente el derecho de los consumidores, ya que se ha logrado pagar el uso efectivo del estacionamiento contratado por el consumidor”. Cabe recordar que a norma estableció las modalidades de cobro por minuto utilizado y por tramos de diez minutos tras una primera media hora gratuita.
Respecto del caso de robo y la necesidad de acreditar su existencia por parte del cliente, Bravo indica que “eso es una regla común en el derecho: no es posible solicitar una indemnización alegando un daño, sin necesidad de probarlo”.
Independiente de la visión de estos abogados, los cambios siguen su curso legislativo. “Vamos a discusión en particular en la comisión durante el mes de agosto, nos tomará dos o tres sesiones, pero siendo responsable debiera salir dentro del mes de agosto y luego vamos a darle la mayor prioridad para que sea despachada de la sala en la primera quincena de septiembre”, explica Espejo.
En tanto, Calderón es optimista de lo que suceda en la Cámara Alta, instancia en la cual la vez anterior se cambió el proyecto, aprobándose la ley actual. “Hay senadores que votaron a favor de la ley hoy día vigente que están disponibles para hacer esos cambios necesarios”.
