Los nueve ciudadanos bolivianos condenados ayer en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, en un juicio abreviado que terminó con la orden de expulsión del país, podrán abandonar el país sólo después de pagar la multa de $32 millones de pesos que les impuso el tribunal por el delito de contrabando.
Mientras no lo hagan, los nueve extranjeros seguirán en prisión preventiva en la cárcel de Alto Hospicio, donde se encuentran desde hace tres meses, tras ser detenidos en Colchane. Por el momento, se desconoce de dónde saldrá el dinero para pagar la multa, pero no se descarta que lo haga el gobierno de Evo Morales.
Además, el abogado defensor de los bolivianos, el chileno Claudio Vila, anunció que estudiará el fallo para ver la posibilidad de apelar, para lo cual tiene un plazo de cinco días. Insistió en la inocencia de sus representados, 2 militares y 7 funcionarios de aduanas, porque fueron detenidos cuando estaban realizando un operativo para frenar el contrabando en la frontera.
Por su parte, el fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, expresó que “estamos satisfechos con la sentencia, el tribunal ha compartido los planteamientos de la fiscalía, ha valorado la investigación que hemos realizado, que ha sido seria y objetiva, y ha condenado por los delitos por los que nosotros acusamos”.
Añadió que “el tribunal fue claro en que el accionar de los acusados no podía estar amparado en un plan de acción contra el contrabando. No es posible aquí ni en Bolivia que un funcionario público, ante un delito flagrante, simplemente no detenga ni ponga a disposición de las autoridades competentes a quienes estarían cometiendo el delito y simplemente se lleven las especies producto de aquel ilícito, como ocurrió en este caso”.
En el juicio, el fiscal dio cuenta de todos los antecedentes recogidos durante la investigación que acreditaban los ilícitos, como las declaraciones de las víctimas y de los funcionarios de carabineros que participaron en la detención de los imputados, y los peritajes que acreditaron que los hechos ocurrieron en territorio chileno, tanto el realizado por la Dirección de Fronteras y Límites del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y por Labocar, este último con las evidencias físicas encontradas en el lugar.
Ayer miércoles, la jueza de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, decretó la expulsión de los 9 bolivianos presos en Chile desde hace tres meses. En la audiencia, declaró la culpabilidad de los dos efectivos del ejército boliviano y de los 7 funcionarios de aduanas de ese país por los delitos de robo con violencia e intimidación y contrabando.
Además, la jueza declaró culpables sólo a los dos uniformados altiplánicos por el delito de porte ilegal de arma prohibida, y absolvió al resto de los acusados por este ilícito. La magistrada dio por acreditados los tres delitos, como también que se cometieron en territorio chileno
Asimismo, por tratarse de un procedimiento abreviado, la jueza no pudo imponer una pena mayor a la solicitada por la fiscalía, tres años y 1 día por el robo con violencia e intimidación, lo mismo por el porte ilegal de arma y la multa de $32 millones por el contrabando. La cifra equivale al avalúo aduanero de los dos vehículos en que ingresaron a territorio chileno, sin pagar los impuestos correspondientes.
A solicitud de la defensa, la magistrada impuso la pena sustitutiva de expulsión del país de los 9 bolivianos: el capitán de Ejército Alex Carvajal, el suboficial Carlos Calle y los funcionarios aduaneros Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán.
Finalmente, la jueza impuso a los funcionarios de aduanas condenados la prohibición de ingresar a Chile por el plazo de 10 años. En el caso de los efectivos del ejército, esta prohibición será de 20 años.
De esta manera termina el episodio que generó otro conflicto con el estado boliviano, tras la detención de los nueve altiplánicos el 19 de marzo en Colchane por el asalto a un camionero chileno y su peoneta.
