Por el supuesto delito de contrabando, el Servicio Nacional de Aduanas se querelló en contra de los tres chilenos que denunciaron amenazas por parte de los dos militares y los siete funcionarios aduaneros bolivianos que fueron detenidos en Colchane el 19 de marzo por ingresar ilegalmente a nuestro país.
La acción legal fue presentada el pasado 19 de mayo por María del Pilar Barrientos, e individualiza a Roberto Castro, Sergio Arqueros y Mario Challapa como autores, cómplices y encubridores en el presunto delito de contrabando, según informa hoy el diario La Tercera.
Según el documento, Castro se encontraba en el sector de Tulapampa junto a Arqueros a bordo de un camión con «mercadería proveniente de la Zona Franca de Iquique, la que pretendía ingresar al vecino país por el paso no habilitado fronterizo».
Y en otro vehículo estaba Challapa, quien junto a otros transportistas «esperaban las más favorables condiciones para la salida de las mercancías desde Chile hacia Bolivia», pero que abandonaron el sector tras la llegada de los ciudadanos bolivianos.
El libelo agrega que uno de los vehículos de trasporte fue interceptado por los bolivianos, quienes «mediante violencia e intimidación se apropiaron del vehículo y su carga, dejando al conductor y su acompañante abandonados en pleno desierto, para posteriormente conducirlo a Bolivia, frontera que se cruzaría por el paso no habilitado del sector».
Claro que eso no lo habrían logrado debido a un problema mecánico que los obligó a detenerse. Y fue entonces cuando Carabineros los detuvo.
«Hasta la fecha de presentación de esta querella no existen documentos que amparen la propiedad de las mercancías transportadas en el camión (prendas de vestir) el 19 de marzo con destino a Bolivia, no fueron encontrados por Carabineros en el vehículo, ni tampoco se encontraron en poder de los ciudadanos bolivianos», indica la querella.
Los dos militares y los siete funcionarios aduaneros bolivianos siguen en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad de Alto Hospicio, esperando que culmine el proceso judicial en el que están formalizados por los delitos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas.
