La oposición venezolana marchará este miércoles en Caracas y otras ciudades para exigir elecciones generales, arreciando su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro pese al temor a nuevos brotes de violencia, que dejan ya una treintena de muertos.
La marcha pretende llegar en Caracas a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad, considerado un feudo chavista, donde hasta ahora los opositores no han podido entrar, bloqueados por las fuerzas de seguridad.
Desde que comenzaron las protestas el 1 de abril se han registrado enfrentamientos entre efectivos antimotines y manifestantes, disturbios, saqueos y tiroteos de bandas de encapuchados, que según la Fiscalía han causado 26 muertos, aunque Maduro habla de 29 fallecidos.
«Vamos a resistir, vamos a persistir, no nos vamos a rendir», manifestó el líder opositor Henrique Capriles al acusar al gobierno de una «salvaje represión» de las manifestaciones.
Sin ceder terreno, el chavismo convocó a la «juventud revolucionaria» a marchar este miércoles hacia el Palacio presidencial de Miraflores «en defensa de la paz» y en apoyo a Maduro.
«Vamos a derrotar a la guarimba (protesta violenta) y al golpe de Estado», dijo la noche del martes el presidente socialista, que acusa a dirigentes opositores de «terrorismo».
Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, asegura que sus adversarios tienen un plan apoyado por Estados Unidos para derrocarlo y propiciar una intervención extranjera.
Mientras, la oposición califica al gobierno de «dictadura» y ve como única salida a la profunda crisis política y económica del país petrolero que Maduro deje el poder, según señala, a través de elecciones.
Más de un 70% de venezolanos, según encuestas privadas, reprueba la gestión de Maduro, cansados de la escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará al 720,5% este año, la más alta del mundo.
Sube la presión internacional
La tensión en Venezuela sigue generando preocupación. La Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general Luis Almagro llama «dictador» a Maduro, se reúne este miércoles para discutir una posible cita de cancilleres que traten el tema.
La canciller Delcy Rodríguez advirtió que de realizarse una reunión de cancilleres, Venezuela iniciará «el procedimiento de retiro» de la OEA.
«Hay una presión muy grande de la comunidad internacional para una negociación política de la oposición con el gobierno; pero eso no sería una mesa limpia en la que va a imponer lo que se le ocurra. Elecciones generales no creo que sean posibles», opinó el analista Carlos Raúl Hernández.
Las protestas estallaron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al chavismo, se adjudicara a fines de marzo las funciones del Parlamento, único de los poderes que controla la oposición.
El TSJ dio marcha atrás en esa decisión tras la fuerte crítica internacional y la sorpresiva declaración de la fiscal Luisa Ortega, confesa chavista, quien aseguró que con esa decisión del tribunal hubo una «ruptura del orden constitucional».
El destino de la marcha de este miércoles se eligió justamente porque la oposición exige al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que active un proceso de destitución de los magistrados o lo considerará «cómplice» de lo que llama un «golpe de Estado».
¿Dónde está la salida?
Para calmar las aguas, Maduro ha reiterado su llamado al diálogo y dice querer elecciones para «derrotar» a la oposición, pero habla de los comicios regionales, descartando un adelanto de las presidenciales previstas para diciembre de 2018, como piden sus adversarios.
«El único diálogo que quieren los venezolanos son elecciones libres y democráticas. Votar», sentenció Capriles.
El poder electoral, señalado por la oposición como aliado del gobierno, postergó para 2017 las elecciones de gobernadores que debieron celebrarse en diciembre de 2016, sin que aún tengan fecha. Las de alcaldes están pautadas para este año.
«Las elecciones regionales son impostergables, pero eso no basta para aliviar la tensión. El gobierno debe aceptar recomponer el tejido constitucional para solventar esta crisis», dijo a la AFP el exrector del poder electoral Vicente Díaz.
Analistas estiman que ello pasa por el reconocimiento de la Asamblea Nacional, cuyas decisiones son consideradas «nulas» por el TSJ al considerarla en desacato, y por el respeto a la autonomía de los poderes.
