Antes que se cumpliera el plazo dado por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago para investigar en el caso Basura, el fiscal regional occidente -a cargo el caso-, José Luis Pérez Calaf, cerró dicho proceso y dio a conocer varias determinaciones.
Una de ellas fue separar la investigación y mantenerla vigente para la arista del ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, y su ex director de asesoría jurídica de esa comuna, Marcial Araya. Pero también optó por no llevar a juicio oral al director general de la empresa KDM, Fernando León, luego de llegar con él a un millonario arreglo con el respaldo del tribunal.
En los específico, dicho acuerdo consiste en un plan de reciclaje que deberá implementarse en la comuna de Maipú por $206 millones, que beneficiará a 2.500 vecinos. Así se pone fin condicional (por un año) a la causa contra León, imputado por el delito de soborno.
Al respecto, el defensor del ejecutivo de KDM, Sergio Rodríguez Oro, dijo esa resolución reafirma la inexistencia del delito de pagos a funcionarios públicos.
“Nosotros creemos que la decisión de no acusarnos y ofrecernos una suspensión condicional del procedimiento efectivamente ratifica todo lo que hemos sostenido y sostuvimos durante seis años de investigación de esta causa, que la empresa no había cometido ilícito alguno”.
Por su parte, el fiscal Pérez Calaf, señaló en torno a las implicancias de no enjuiciar a quien habría sobornado a los funcionarios públicos indagados en el caso que: “¿Se cae la imputación? Yo creo que no”.
“Yo creo que un tribunal va a decir ‘Bueno, acá está el funcionario público que recibió la dádiva, la promesa, la retribución económica, y por otro lado está el particular que tuvo que pagar por el delito cometido. Es una suspensión, es un año sujeto a condiciones”.
Luego de la comunicación del cierre de la indagatoria del caso Basura, la Fiscalía tiene desde hoy un plazo de 10 días para presentar acusaciones contra los imputados, luego de lo cual el tribunal ordenara una audiencia de preparación de juicio oral, donde el Ministerio público señale si mantendrá las acusaciones y delitos por los que formalizó a los imputados en agosto de hace dos años.
