César Luis Palma Ramírez, un antiguo agente de la dictadura de Augusto Pinochet, condenado en varias causas por violaciones a los derechos humanos y procesado en otras, murió la noche de este sábado, informó su abogado, Raúl Meza.
Palma Ramírez, conocido como «El Fifo» en las organizaciones represivas, falleció a causa de una enfermedad terminal en el hospital de la Fuerza Aérea, al que fue trasladado desde la prisión especial de Punta Peuco, al norte de Santiago, donde cumplen sus condenas los represores de la dictadura.
Antes del golpe militar que llevó a Pinochet al poder en 1973, Palma Ramírez militaba en «Patria y Libertad», un grupo terrorista de ultraderecha que combatió mediante atentados explosivos y homicidios contra el gobierno del presidente Salvador Allende.
En condición, integró un comando terrorista que el 26 de julio de 1973 asesinó en su domicilio al comandante de la Marina Arturo Araya Peeters, edecán naval del presidente Allende.
Por ese crimen, Palma fue condenado a 543 días de prisión, pero tras el golpe fue indultado por el régimen de Pinochet, al igual que otros miembros del grupo, y contratado como empleado civil de la Fuerza Aérea, que lo destinó al «Comando Conjunto», un grupo represor integrado por agentes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.
En esa calidad, fue condenado en 2007 a tres años de presidio por el secuestro y desaparición en 1976 del militante comunista y químico farmacéutico Carlos Contreras Maluje, y en 2010 a cinco años por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, miembro del PC detenido en 1975.
César Luis Palma se mantuvo prófugo de la Justicia hasta el año 2008, cuando fue descubierto mientras se ocultaba en un pequeño poblado del sur de Chile.
Además de esas condenas, «El Fifo», fue procesado en otras seis causas por la desaparición de 13 dirigentes del Partido Comunista ocurridas entre los años 1975 y 1976.
El abogado Meza dijo que el exagente será sepultado este lunes en el Cementerio General de Santiago.
Poco más de un centenar de antiguos agentes cumplen condenas en la cárcel de Punta Peuco y en los últimos días algunas autoridades del Poder Judicial e incluso el ministro de Justicia, Jaime Campos, se han mostrado a favor de que aquellos que padezcan enfermedades terminales o irrecuperables, o sean de edad avanzadas, sean incluidos en una norma general que permita a todos los presos en esas condiciones ser excarcelados.
La idea ha sido rechazada por sectores de izquierda y con más fuerza por las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura.
Durante el régimen de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos. Los agentes procesados y condenados no han colaborado para el esclarecimiento de los crímenes.
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