Un decreto del Gobierno turco, emitido al amparo del estado de emergencia vigente, obliga a expulsar a más de 10.000 funcionarios de la carrera, informa hoy el diario Hürriyet. El decreto, emitido la noche del sábado, mientras el país celebraba el 93º aniversario de la República, expulsa de sus cargos a 10.159 empleados públicos, sin posibilidad de ser readmitidos, por «ser miembros de organizaciones terroristas o grupos que actúan contra la seguridad nacional, o por mantener vínculos o lazos con ellos».
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Estas personas no podrán volver a ocupar cargo público alguno, ni podrán trabajar en organismos de seguridad privados, se les cancelarán las licencias de armas, de marinero y piloto, y se anularán sus pasaportes, especifica el decreto, accesible en la web del Boletín Oficial del Estado.
La medida amplía el alcance de varias oleadas de purgas en la Administración, destinadas a «limpiar» el funcionariado de simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado militar del 15 de julio pasado.
Hasta el mes pasado, unos 60.000 funcionarios habían sido expulsados de la carrera por estos supuestos vínculos gülenistas, y casi 100.000 habían sido apartados del cargo mientras están siendo investigados.
El texto actual señala también en varios apartados vínculos con la «Organización terrorista Fethullah Gülen (FETÖ)» como motivo de la expulsión, sin precisar más. La lista abarca a 2.774 funcionarios del Ministerio de Salud, 2.534 del de Justicia, 2.219 del de Educación, 1.267 empleados de universidades, 249 del Diyanet, equivalente a un Ministerio de Religión, 183 del Tribunal Supremo, 32 del Parlamento y 101 militares, entre otros. El mismo decreto también restituye sus derechos a casi un centenar de funcionarios y militares que fueron suspendidos de sus cargos tras el fallido golpe.
