El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció la semana pasada que suspendía la segunda fase del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
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El anuncio de las autoridades echa por tierra las esperanzas de la oposición de remover al presidente por una vía pacífica y electoral, conduciendo a la oposición a un callejón sin salida. De esta forma, la oposición tiene ante sí una encrucijada en la que las opciones que quedan son tan problemáticas como cruciales.
Aplazada por lo tanto la vía electoral, la oposición plantea en una batalla en tres frentes para los próximos días con la intención de presionar al gobierno: en la calle con protestas, en la Asamblea Nacional con las decisiones de su mayoría y en el escenario internacional con apoyos.
Este domingo en sesión extraordinaria, el parlamento aprobó un acuerdo que declara «la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro». En el mismo se plantea determinar «la situación constitucional» del presidente, que consistirá en definir si el mandatario atentó contra lo establecido en la Carta Magna y si incumplió con sus obligaciones.
Si hay una evaluación negativa de las acciones del jefe de Estado resultaría en tres posibles consecuencias para él, todas ellas legales según consignan abogados al diario venezolano El Nacional y que podrían iniciarse este martes desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo.
1. Declarar la falta absoluta del presidente
El artículo 233 de la Constitución establece que la AN puede declarar la falta absoluta del presidente de la República en su cargo. Esto llevaría a su destitución, para luego ceder el cargo temporalmente al presidente de la Asamblea Nacional y se llamarían a elecciones.
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El abogado Juan Manuel Raffali explicó para el diario venezolano que si bien Maduro no ha dejado su cargo al irse definitivamente del país, se puede calificar de abandono cuando no le garantiza a los venezolanos la estabilidad de sus Derechos Humanos.
2. Declarar la responsabilidad política
De acuerdo con el artículo 222 de la Constitución Nacional, la AN tiene la potestad de “ejercer su función de control” mediante investigaciones e interpelación a cualquier funcionario público en ejercicio de su cargo. En caso de hallarse una irregularidad o una falta en sus deberes, se declara la responsabilidad política.
El jurista José Vicente Haro explicó para El Nacional que la responsabilidad política podría conllevar luego a la destitución, aplicable incluso al presidente Maduro. Sin embargo, para llegar a esto es necesario que pase por el Consejo Moral Republicano -Poder Ciudadano- y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
3.El juicio político o impeachment no existe en Venezuela
El jefe de la fracción opositora en el Parlamento venezolano, Julio Borges, dijo que se impulsará el inicio de un juicio político contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para determinar su responsabilidad en lo que han decretado como una “ruptura del hilo constitucional”.
Los dos abogados coincidieron en que si bien se puede calificar de juicio el procedimiento que realizarían los parlamentarios, negaron que pueda considerarse similar al juicio político o impeachment realizado contra la presidente Dilma Rousseff en Brasil.
Este lunes, el gobierno de Maduro convocó a un diálogo nacional con la oposición para el 30 de octubre. Es, tal vez, el último intento para aliviar a un país extasiado por una crisis política, económica y social.
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