La propuesta de “tregua” realizada por el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul en julio pasado y respaldada por el ex intendente de la Región de La Araucanía Francisco Huenchumilla, parece estar ganando terreno al interior de comunidades mapuches como una alternativa para negociar con el Estado sus reivindicaciones territoriales y poner un freno, a la vez, a la ola de violencia que afecta a la zona.
Entre quienes ven con buenos ojos llevar adelante esta idea se cuenta Mijael Carbone, werkén (mensajero) de la Alianza Territorial Mapuche, organización originada en Temucuicui y que, según el dirigente, se ha expandido a otras zonas del sur.
En conversación con Publimetro, el werkén resalta las posibilidades de acuerdo entre los líderes mapuches por conseguir una salida política al conflicto, y admite que hoy poseen “una madurez y articulación política lograda con los años”.
El dirigente reconoce que de llegarse a consenso con la autoridad, en las comunidades existe la capacidad de “articular una tregua” que culmine con los ataques en la zona. Aunque explicó que para llegar a tal situación, el Estado debe dar ciertos pasos, como el “cese a la presencia policial en territorio mapuche”, el cual calificó de “impactante”.
Según Carbone, también sería necesario un gesto político desde el Gobierno, esto mediante la liberación de los comuneros presos “en aquellos casos en que las pruebas demuestran inocencia”.
Pese al repudio que provocan las acciones de violencia cometidas por grupos mapuches, el dirigente explicó que como organización no están “en búsqueda de matar”, y aseveró que sólo se intenta reivindicar “el justo derecho de acceder a la tierra”.
“Si esto involucra, por ejemplo, bienes de las empresas forestales, aunque yo no me voy a adjudicar nada, estas son en respuesta a la poca capacidad que ha tenido el Estado de abordar la situación que estamos viviendo”, aseguró.
“Gente como nosotros vive de la tierra, nuestro todo está ligado a la tierra. Había demandas específicas, pero el Gobierno nunca quiso responder con altura de mira, siempre lo abordó desde el asistencialismo, pese a que la gente lo único que necesitó era la tierra. Esto gatilló que las movilizaciones se radicalizaran”, agregó Carbone.
Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico y presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuches, es claro en destacar la disponibilidad que existe en el pueblo mapuche por sentarse a negociar, y enfatizó que hoy aquello es “100% viable”.
“Aquí el problema no son los mapuches, el problema es que se ha perdido la confianza”, afirmó.
Para el jefe comunal, la discusión debe apuntar al traspaso de competencias políticas a los pueblos indígenas.
“Hoy estamos disponibles para negociar escaños reservados para que el pueblo mapuche esté representado en el parlamento, en igual proporción al porcentaje de población que somos. En esta región deberían haber 2 senadores y 3 diputados”, señaló.
Esta reforma, según Reinao, permitiría proyectar la discusión más allá de una administración u otra. “Un gobierno promete una cosa, llega otro Gobierno y se destruye lo hecho. Lo mismo con los intendentes. Si hay un tema serio se debe trabajar con proyección a futuro, independiente de qué gobierno y parlamentarios haya”, argumentó.
Espina: se requiere “fin de la violencia”
El senador por La Araucanía Alberto Espina (RN) insiste, en conversación con Publimetro, en que la mayoría de los mapuches no participa en acciones violentistas . En ese plano, descartó una posible “tregua”, ya que según expuso “salvo los grupos extremistas que operan en La Araucanía, no hay otro sector que esté realizando hechos de violencia”.
El congresista asumió que el diálogo es “absolutamente necesario”, pero es enfático en que para lograr aquello el único requisito es “que dejen de utilizar la violencia”.
En este marco, Espina consideró “fundamental” avanzar en una mesa de diálogo que esté compuesta por todos los sectores y que sea legitimada por los mismos mapuches, aspecto que, según el legislador, no cumpliría la actual mesa conformada en el marco de la comisión asesora presidencial.
El parlamentario plantea, como elementos cruciales, el punto de la entrega de tierras, para determinar cuánto es lo que adeuda el Estado de Chile en este ámbito; resolver la pobreza campesina en la zona a través de la creación de una “Corfo rural” que permita administrar recursos y programas y así combatir la pobreza que afecta a las personas que habitan en esta zona; indemnizar a las víctimas de la violencia, y establecer “una férrea persecución penal de los grupos extremistas”. También enfatiza la necesidad de otorgar participación al pueblo mapuche en la institucionalidad chilena, básicamente a través de cuotas en el Congreso, “lo que también sería una forma de precisar quiénes son sus líderes reales”, explicó.
Empresarios: “Hoy no se ven salidas”
Desde los gremios empresariales del sur, en cambio, las posturas apuntan a un fortalecimiento del orden público en la zona, y echan de menos que el Ejecutivo “asuma la iniciativa” en el abordaje del problema.
Patricio Santibañez, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) en La Araucanía, desestimó explorar acuerdos que finalmente resignen la necesidad de cautelar el Estado de Derecho en la zona.
“Es imposible proteger todos los bienes de las personas. Lo que hace hoy la policía es cuidar, pero no se puede cuidar todo, se requiere una mayor efectividad en la desarticulación de estos grupos”, advirtió.
Marcelo Zirotti, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), apuntó que el Gobierno “debe tomar directrices firmes, empoderar al Poder Judicial, a la inteligencia y a las policías, para que actúen sin presiones políticas”.
“Hoy el conflicto está en lo más álgido. No se ven salidas. Hay una mesa asesora presidencial, hay propuestas, pero el Gobierno no ha tomado la iniciativa”, denunció.
