Los efectos del sismo han revivido la recuerdos del terremoto de L’Acquila, en 2009, cuando más 300 personas perdieron la vida.
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, anunció el lanzamiento de un plan bautizado como «Casa Italia», destinado a hacer de la prevención el eje de la acción del gobierno. «Italia tiene que tener una visión que no se limite a la gestión de situaciones de urgencia», expuso a la prensa tras un consejo de ministros. «Será necesario realizar un trabajo serio y continuo», prometió Renzi, quien espera evitar los errores cometidos tras el terremoto de L’Acquila, cuya controvertida reconstrucción se convirtió en un negocio lucrativo para muchos y varios de cuyos magníficos monumentos yacen aún colapsados.
Una de las mayores polémicas en la opinión pública italiana es que algunos de los edificios que se derrumbaron durante el terremoto habían sido reestructurados precisamente para resistir futuros movimientos sísmicos.
El motivo por el que muchos edificios se vienen abajo en los terremotos es que se levantaron sin la licencia adecuada y sin las garantías estructurales que suelen acompañarla. Según la oficina estadística del Gobierno, la construcción ilegal en Italia llega a unos «niveles incomparables con otras economías avanzadas».
La última estimación, de 2014, dice que el 18% de los edificios se levantan sin permiso. La cifra de ampliaciones y otras «mejoras» es sin duda mucho mayor. Se suelen hacer en esta época del año, cuando hay menos gente alrededor que pueda hacer preguntas incómodas.
El caso emblemático es el de la escuela, hoy derrumbada, que había sido reestructurada en 2012 para que respetase las normas de construcción para resistir los terremotos. Y, todo ello, con una financiación de 700.000 euros, según varios medios de comunicación italianos. El campanario de Accumoli, que fue sometido a intervenciones antisísmicas, también aparece hoy destruido por completo. Es como si Italia no consiguiera asumir que es una zona sísmica: Friuli (1976), Irpinia (1980), Umbria y Marche (1997), Abbruzzo (2009), Módena (2012) y Amatrice-Accumoli-Arquata (2016). Y aun así los edificios nuevos siguen sin cumplir las normativas antiterremotos.
El gobierno decretó estado de emergencia y desbloqueó un primer fondo de 50 millones de euros para la catástrofe.
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