La polémica sobre la prohibición del burkini en varias playas francesas podría zanjarse este viernes tras el fallo de la más alta instancia administrativa del país, que se pronunciará sobre un tema suscitado controversias y ha llegado a dividir incluso al gobierno.
Tras haber estudiado el caso el jueves, el Consejo de Estado se pronunciará el jueves a las 13H00 GMT sobre la legalidad de la prohibición de este traje de baño decretada en un municipio de la Costa Azul (sureste de Francia).
La decisión será determinante para una treintena de localidades francesas que emitieron órdenes similares pero también para el gobierno, impaciente por cerrar un debate que causa tanta controversia.
El jueves, el presidente François Hollande instó a no ceder a la «provocación» ni a la «estigmatización» aunque no se pronunció sobre los textos de los decretos locales sobre el burkini en un país que cuenta con la comunidad musulmana más importante de Europa.
La decisión de los ayuntamientos también ha provocado revuelo a nivel internacional. El director del programa Europa de Amnistía Internacional, John Dalhuisen, consideró que la justicia francesa tiene «la oportunidad de anular una prohibición discriminatoria que se funda y que nutre los prejuicios y la intolerancia».
Unas fotografías publicadas el martes por el New York Times en las que se veía a cuatro policías increpando a una mujer con velo en una playa de Niza causaron conmoción. La prensa alemana mencionó una «guerra de religión» y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, consideró que «nadie debería dictar a las mujeres lo que deben llevar».
Sin mencionar el término «burkini», las órdenes municipales exigen que se acuda a las playas con atuendos que respeten «las buenas costumbres y la laicidad», aunque en realidad se apunta contra los trajes de baño islámicos.
Varios alcaldes basaron su decisión en la necesidad de garantizar «el orden público», amenazado, según ellos, por atuendos que «manifiestan de manera ostentatoria una filiación religiosa» y mencionaron el contexto particularmente tenso en el litoral mediterráneo tras el atentado yihadista que dejó 86 muertos en Niza el pasado 14 de julio.
Sin embargo, el abogado de la Liga de Derechos Humanos (LDH) Patrice Spinosi denunció el jueves una «vulneración de la libertad de conciencia y de religión». El miércoles, el Consejo Francés de Culto Musulmán (CFCM) dio cuenta al gobierno de la «fuerte emoción y fuerte preocupación» de los musulmanes franceses.
La cuestión también es fuente de discrepancias dentro del gobierno. Mientras que el primer ministro, Manuel Valls, apoyó las prohibiciones, la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem declaró que «la proliferación» de ordenanzas contra el burkini no era «bienvenida» y aseguró que se trata de un «deriva política» que «libera el discurso racista».
Asimismo, la ministra de Salud, Marisol Touraine, dijo que teme una «estigmatización peligrosa para la cohesión del país».
En las filas de la oposición, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, candidato a las elecciones primarias de la derecha, calificó el jueves al burkini de «provocación» y propuso prohibir también los signos religiosos en las empresas, administración, universidades, etc.
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