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Actualmente el proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público se encuentra a la espera de su aprobación en ambas cámaras del Congreso luego de ser aprobado esta semana en comisión mixta, que debía zanjar algunos detalles.
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Su objetivo es permitir un desarrollo urbano más equilibrado, que logre beneficiar tanto a la ciudad como a los proyectos inmobiliarios en sí mismos, ya que permitirá su instalación en condiciones más armónicas.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, en entrevista con Publimetro señala que la ley ya tiene un acuerdo transversal y que sólo restan unas semanas para que sea despachada desde el Congreso para que el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial y se convierta en ley.
Respecto de los alcances de esta nueva normativa, la secretaria de Estado explica que “el eje de este proyecto tiene que ver con la calidad de vida de nuestras ciudades”. En ese sentido, señala que tiene tres componentes. Primero, “la exigencia de mitigaciones que los proyectos inmobiliarios (públicos o privados) deben hacer para que su inserción en el espacio urbano sea armónica, mediante un sistema expedito, transparente y objetivo que reemplace a los actuales Eistu (Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano)”.
En segundo lugar, impone exigencias que sólo se aplicaban a los proyectos urbanos por extensión y que antes no tenían los proyectos urbanos por densificación, “porque estos proyectos igual consumen vialidades, espacios públicos y generan a veces impactos mayores porque están en áreas más congestionadas”, por lo que explica se les “exigirá un aporte en dinero que será proporcional al tipo e intensidad de la ocupación, destinado exclusivamente a obras de movilidad urbana y espacios públicos en la comuna”.
Finalmente, en tercer lugar Saball concluye que esta nueva ley permitirá que “se establezcan incentivos urbanísticos para ampliar la densidad permitida, pero con la condición que se ese aumento de densidad favorezca la inserción de viviendas sociales”.
Para el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, uno de los cambios más relevantes es que “por primera vez en mucho tiempo se establecen responsabilidades compartidas entre el Estado y el sector privado para generar los espacios públicos y los espacios de movilidad que las ciudades requieren”, lo que a su juicio abre la puerta “para que las comunidades puedan planificar de mejor manera el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de muchas ciudades”.
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Mientras que el diputado RN integrante de la comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara, Leopoldo Pérez, valora la transversalidad en la aprobación de este proyecto en ambas cámaras. Sobre sus alcances acota que “la propia ley establece al menos 180 días para la elaboración de un reglamento para su aplicación, y las expectativas para la ciudadanía no deben estar puestas en que de la noche a la mañana esta ley va a cambiar las ciudades, porque eso se verá en el mediano y largo plazo”.
Este proyecto debería entrar en vigencia en 24 meses desde su aprobación, por lo que las ciudades podrían comenzar a tener aportes y a generar planes de inversión en sus espacios públicos a partir de 2018, y en los próximos 5 a 6 años deberíamos tener mejoras sustantivas en los espacios públicos, según señalaron los expertos.
Finalmente, el director del Colegio de Arquitectos, Sebastián Gray, es categórico en señalar que con esta nueva legislación “nos estamos poniendo al día con algo que en los países civilizados existe hace 60 años, y que es la responsabilidad concreta que tiene la industria inmobiliaria en el efecto que sus edificios tienen en la ciudad”.
En ese sentido, concluye que “la primera prioridad va a ser tratar de mejorar los estándares de espacio público por habitante, que en Santiago son salvajemente pobres, porque somos una de las ciudades con menor proporción de espacio público de calidad por habitante”.
