En tercer trámite, la Cámara de Diputados aprobó y despachó la ley que permite a entidades no bancarias emitir medios de pago con provisión de fondos, o de prepago, incluyendo al Metro de Santiago.
El objetivo del proyecto es elevar los niveles de inclusión financiera de la población, permitiendo que otras entidades aparte de los bancos, tales como el retail, cooperativas y cajas de compensación, entre otras, emitan plásticos de prepago, dándole la posibilidad a aquellas personas a acceder a este tipo de productos y que la banca no les entrega por ser de menores recursos.
En definitiva, estas tarjetas funcionarán como una especie de monedero electrónico y como el débito que ya conocemos, ya que las personas sólo deberán cargarlas para poder usarlas.
«Las personas que tienen más recursos en Chile, hace tiempo que se bancarizaron, dejaron de usar efectivo, usan plásticos, y usan métodos electrónicos para pagar. Esto llegará a muchos más ciudadanos para que tengan el mismos accesos que tiene el mundo desarrollado», sostuvo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tras el despacho de la iniciativa.
«Es una excelente medida»
Consultados por esta nueva normativa, los especialistas la valoran positivamente. Sergio Tricio, gerente general de Ruvix, expresa que «esta es una excelente medida de inclusión financiera», debido a que acceder a los medios tradicionales de pago bancarios, «implicaba cumplir una serie de requisitos».
En tanto, Jorge Sepúlveda, académico de Universidad Santo Tomás, es más cauto. Si bien reconoce que es un imporante avance, espera que detrás haya «una norma y una reglamentación clara para todos los actores, porque son entidades no bancarias las que van a estar detrás de esta administración y emisión de estas tarjetas, entidades que no necesariamente tienen relación con el rubro al cual se van a estar dedicando».
En ese sentido, la ley indica que las entidades que decidan emitir estos plásticos estarán sujetas a las normativas que indique el Banco Central, como asegurar un adecuado nivel de liquidez y estarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif).
Pero ¿qué tipo de beneficios concretos pueden haber para las personas? Mediante este tipo de tarjetas, las personas podrán comprar en diferentes tipos de comercio o que su empleador le deposite el salario allí. Además se pretende que este nuevo modelo de pago también implique una mayor competencia que haga bajar los costos de las transacciones. Junto con ello, se abre la posibilidad «para muchas personas que quieren acceder a comprar online o a servicios, van a poder hacerlo de una manera más simple y probablemente con menores costos en el tiempo», subraya Tricio.
Respecto de que Metro también pueda participar de esta nueva alternativa de pago, el gerente de Ruvix lo ve como algo positivo. «Qué mejor para la inclusión financiera que Metro, quien tiene a una amplia cantidad de clientes potenciales participe», sostiene.
En tanto, Sepúlveda explica que es positivo porque la empresa estatal algo de expertís tiene gracias a su manejo de la Tarjeta Bip!, lo que podría ayudar los costos de su operación en este mercado.
Por otro lado, consultados al respecto, desde la Asociación de Bancos no quisieron emitir declaraciones. De todas maneras este gremio expuso su visión en mayo pasado ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Pese a que también valoran la inclusión financiera que promueve la ley, el presidente del gremio, Segismundo Schulin-Zeuthen, expuso inquietudes respecto a la seguridad y regulación de dichos medios de pago.
Sostuvo en esa ocasión que «hay riesgos que debieran tener como contrapartida una regulación proporcional, que apunte a asegurar el pago al comercio y a resguardar los fondos del tarjetahabiente, entre otros».
También cuestionó la participación de Metro ya que ésta «goza de la ventaja de una garantía estatal implícita respecto de otros interesados», por lo que «podría constituir una barrera de entrada para nuevos actores».
Consultado por el rol del tren metropolitano, Valdés dijo que «podría, si así lo decidiera, con su tarjeta (Bip!) competir en este mercado y hacer que éstas se puedan usar en otros comercios: para pegar el peaje, para pagar en el kiosko». Asimismo, recalcó que «esto no es una competencia desleal, no es una idea peregrina de tener al Estado metido en empresas, es porque hay un agregación de valor que consideramos importante».
DP/PCP
