La diputada opositora y presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano, Delsa Solórzano, aseguró ayer que su comité ha recibido más de 1.000 denuncias de funcionarios que perdieron su empleo por apoyar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
«En este momento llevamos más de mil casos (de destitución o remoción de cargos) en el seno de la Comisión de Política Interior; hay que destacar que la mayor cantidad de casos que llevamos corresponden a funcionarios del Seniat (ente aduanero)», dijo Solórzano a los periodistas en el Palacio Legislativo.
Destacó que dentro del millar de casos que han recibido también hay «embarazadas (…) otras incluso en período de lactancia».
La parlamentaria realizó estas declaraciones luego de que la comisión que preside se reuniera con cerca de un centenar de «voceros» de los funcionarios que, asegura, han sido despedidos de las diferentes instituciones del Estado, como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el Banco del Tesoro y el Banco de la Fuerza Armada.
El pasado 30 de junio la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debatió y aprobó una moción en favor de los funcionarios que fueron despedidos del Seniat, luego de que uno de los trabajadores del ente aduanero, José Antonio Arriaga, expusiera su caso y el de sus compañeros.
Arriaga aseguró entonces que su despido y el de otros funcionarios se debía a las «órdenes» que había dado el diputado oficialista y números dos del chavismo Diosdado Cabello, hermano del director del ente aduanero, José David Cabello.
Cuando se inició el proceso de recolección de firmas para el revocatorio en contra del jefe de Estado venezolano, Cabello dijo que los cargos de la administración que firmaran a favor del referendo debían ser despedidos, porque, a su juicio, una persona no puede ejercer un cargo público si no apoya el modelo político y económico del país.
La oposición venezolana entregó el pasado 2 de mayo 1,8 millones de firmas para solicitar la activación del revocatorio.
Solo algo más de 1,3 millones de esas rúbricas «cumplieron con los requisitos requeridos», según el Poder Electoral, que convocó a la validación de las mismas en un plazo de cinco días.
Actualmente, la alianza de opositores se encuentra a la espera de que el Poder Electoral comunique cuántas de las firmas han sido finalmente validadas.
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