El 4 de mayo pasado, el abogado del Partido Progresista, Antonio Henríquez, interpuso una demanda en contra de la ex candidata presidencial de la UDI Evelyn Matthei, para solicitar que el Ministerio Público investigue el uso de dos aviones en que la ex ministra se trasladó durante su campaña de 2013.
Los viajes denunciados fueron entre Santiago y La Serena y desde Puerto Montt hacia Chillán, y de acuerdo a la acusación del PRO sus gastos no fueron declarados ante el Servicio Electoral.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, la ex parlamentaria declaró el pasado 17 de junio en calidad de imputada en esta causa, que quedó radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad Centro-Norte, donde admitió los dos viajes realizados y que los gastos involucrados no se rindieron ante el Servel.
Sin embargo, la ex aspirante a La Moneda (hija de Fernando Matthei, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea durante la dictadura) declaró que el avión fue facilitado gracias a la gestión del ex diputado de la UDI Cristián Leay, actual integrante del directorio de TVN, y que fue pagado con fondos propios de su comando.
Según los registros del Servel citados por el matutino, Matthei gastó casi tres mil 500 millones de pesos en la primera vuelta presidencial de 2013, que provienen de 2.300 millones de pesos vía aportes reservados y un crédito del Banco de Chile por poco más de 1.000 millones; misma cantidad que la ex candidata declaró para la segunda vuelta.
Desde la defensa de Matthei, el abogado Sergio Rodríguez interpretó la ofensiva del PRO como un intento por establecer la prescripción de este tipo de infracciones a la ley de control de gasto electoral, en la que también habría incurrido Marco Enríquez-Ominami al utilizar un jet privado de procedencia brasileña.
«Lo que se busca con esta denuncia no es que se investiguen los hechos, sino que, al contrario, que el Ministerio Público decida si el hecho, en abstracto, de no informar un avión al Servel, no sería constitutivo de delito o que este podría encontrarse prescrito de acuerdo a la legislación actual», sostuvo el jurista.
Rodríguez añadió que este conflicto busca «obtener una resolución que le sea beneficiosa o útil en la propia causa en la que él (Marco Enríquez-Ominami) está siendo investigado por la misma Fiscalía».
PUB/CM
