Pablo Contreras Pérez
«Ese es un acto de galantería que nos está costando caro». Una frase del presidente de las AFP, Rodrigo Pérez, que sacó chispas y por la que luego pidió disculpas, pero que instaló nuevamente la discusión sobre el modelo previsional de Chile, particularmente desde el punto de vista de las mujeres.
Y es que el líder de las administradoras se refirió a la edad legal en la que las trabajadoras ponen punto final a su vida laboral, la que a su juicio debe ser equiparada a los 65 años de los hombres, debido a que ellas viven más que ellos.
Esta diferencia sólo existe en nuestro país, Polonia y Suiza dentro de los países de la Ocde, y no se generó cuando se instaló el actual sistema de capitalización individual en 1980, si no que ya estaba presente cuando existía el antiguo sistema de reparto.
Pese a que en la cuenta pública del 21 de mayo, la Presidenta Bachelet sólo indicó que se retomaría la discusión sobre la AFP estatal y que cambios más profundos al sistema previsional serán delineados en el mediano plazo, incluso más allá del actual Gobierno, dentro de los cambios que se manejan está precisamente el de igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, tal como lo propuso la Comisión Bravo.
¿Pero qué tan importante es concretar esta idea? «Es una de las medidas necesarias para mejorar las pensiones», recalca Carolina Grünwald, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
La economista comenta que esta diferencia obedece más que nada a un factor cultural, ya que «fueron establecidos en tiempos donde la mujer participaba muy poco de la fuerza laboral y se asumía que iba a recibir la pensión del marido. Hoy el escenario es bien distinto».
En tanto, Sergio Tricio, gerente general de Ruvix evidencia la dura realidad de las trabajadoras en este aspecto, considerando otros aspectos como que «en general tienen sueldos menores que los hombres, tienen más lagunas durante su vida laboral», lo que si se suma con la jubilación a los 60 años pese a que viven más, hace «fácil de comprender las bajas pensiones de las mujeres respecto a los hombres».
Independiente de la polémica, ambos especialistas coinciden en el fondo de las palabras de Pérez Mackenna, en cuanto a que se debe poner fin a esta diferencia. «No hay razón evidente que muestre que las mujeres deban jubilar cinco años antes que los hombres» dice la economista de la UDD, añadiendo que eliminarla «puede hacer una diferencia de en torno a un 35% en la pensión futura».
Más enfático es Tricio, quien asevera que «hace mucho tiempo se debería haber realizado», pero al mismo tiempo es pesimista, expresando sus dudas de que se lleve a cabo «con la rapidez que amerita, porque no es una medida popular para el Gobierno».
Tablas de mortalidad
Otra polémica asociada a este tema son las tablas de mortalidad. De hecho, la nueva versión de estas herramientas que hacen referencia a la esperanza de vida de las personas, comienza a regir este 1 de julio e implicará una baja en las pensiones de retiro programado de entre 2,1% y 2,2%, ya que los fondos serán redistribuidos en más años, debido a la mayor longevidad calculada.
Y es que la nueva versión de estos instrumentos proyecta que las mujeres afiliadas al sistema de pensiones que hoy tienen 60 años vivirán en promedio hasta los 90,31 años, mientras que para los hombres que hoy tienen 65 años, se estima que su esperanza de vida llegará en promedio a 85,24 años.
Estas proyecciones distan por ejemplo de las calculadas por el INE, que sitúa la esperanza de vida en 77,4 años y 82,2 años, respectivamente.
A juicio de la académica de la UDD, esta diferencia se justifica en que «las esperanzas de vida publicadas por el INE o la Organización Mundial de la Salud (OMS) son cifras construidas de manera más simple, porque su propósito es diferente».
De hecho, consultados por este tema, desde la Superintendencia de Pensiones aclararon que la diferencia se da debido a que «la esperanza de vida que fija el INE mide a toda la población, mientras que para el cálculo de las tablas de mortalidad se toman sólo a los afiliados al sistema de pensiones, excluyendo a quienes no puedan financiar una pensión mayor que la Pensión Básica Solidaria (PBS). Es por eso que no pueden compararse directamente».
