Bolivia se quejó este viernes que Chile elevó las tarifas de estiba en el puerto de Antofagasta, al norte de Santiago, violando el Tratado de 1904, e indicó que ya cursó reclamos a su vecino.
«Es una violación flagrante a lo que es el derecho internacional, imponen exigencias por pagos anticipados incluso exigen boletas de garantía para prestar servicios», afirmó en conferencia de prensa el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.
Puso como ejemplo que «en 2004 la tarifa de estiba era de 1,87 dólares la tonelada y el año pasado ya estaba en 7,64 dólares» y acotó que «este incremento no tiene ninguna justificación».
Los dos países, que carecen de relaciones diplomáticas desde fines de la década del 70, se enfrentaron en una guerra al cerrar el siglo XIX, cuando Bolivia perdió toda su costa marítima sobre el océano Pacífico.
La Paz y Santiago firmaron en 1904 un Tratado de Paz y Límites que incluye facilidades para Bolivia en el comercio a ultramar, aunque Alurralde recordó que los puertos, como de Antofagasta y Arica, fueron privatizados en 2003.
El tratado establece, según Alurralde, que las tarifas y usos de esos puerto deben coordinarse de forma bilateral entre ambos países.
«Desde ese momento (la privatización) tenemos una confrontación muy fuerte, porque la obligación de un Estado la tiene que asumir un Estado, no un privado y es así que hay dos operadores (privados): en Arica es uno diferente al de Antofagasta», afirmó.
Por el norte chileno fluye hacia ultramar un 13% de las exportaciones bolivianas y un 40,5% de sus importaciones, según datos del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Bolivia mantiene reiterados reclamos para facilitar su tránsito de exportación e importación por los puertos chilenos e incluso llevó un reclamó a la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), denunciando incumplimientos en el campo de transporte.
Además, el gobierno de Evo Morales llevó su histórico reclamo a Santiago de una salida al mar en 2013 a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aunque La Moneda persiste en indicar que no tiene asuntos pendientes.
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