«No es una buena noticia para la libertad sindical ni para el país».
Con estas palabras el Gobierno, a través del vocero Marcelo Díaz, manifestó su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de acoger los requerimientos de la oposición relacionados a la titularidad sindical y la extensión de beneficios, dando un duro golpe al ejecutivo en aspectos fundamentales de la reforma laboral.
Sobre los pasos a seguir, Díaz aseguró que el Gobierno esperará a conocer el texto que proclama el fallo del TC, una vez analizado el mismo, el vocero indicó que evaluarán los caminos a seguir dentro del ordenamiento jurídico vigente, sin descartar un posible veto.
En la conferencia de prensa, junto a Díaz se encontraban los titulares del Trabajo, Ximena Rincón, y Hacienda, Rodrigo Valdés.
Rincón enfatizó en la legalidad del Tribunal Constitucional, sin embargo afirmó que la decisión reafirma que la Carta Magna «no es la casa que alberga a todos y todas».
A su vez, la ministra enfatizó en que «el Gobierno cumplió lo que se prometió y la Nueva Mayoría ha respaldado al Gobierno. Es la oposición la que ha emitido este fallo».
Por su parte, el ministro de Hacienda complementó los posibles caminos a los que podría optar el Gobierno tras esta decisión, asegurando: «Hay múltiples configuraciones para poder cambiar lo que hay ahora».
La legislación chilena prohibe al Gobierno a apelar al fallo del Tribunal Constitucional.
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