Se trata de 25 hectáreas ubicadas en el sector de Tragadero Grande, un terreno que alberga siete manantiales de agua bajo un cielo celeste límpido, rodeado usualmente de verdor y pastizales.
«Soy propietaria desde 1994. Tengo mi documento de posesión, cuando compré la tierra, con todos los detalles», asegura Máxima. Pero Yanacocha, la mayor aurífera de Sudamérica, asegura que ellos compraron todos los terrenos en 1996 y 1997 de la comunidad de Sorochuco, que estaba integrada por el suegro de Máxima, y que todos dieron su visto bueno para la operación.
«Primero dijeron que la comunidad les ha vendido los terrenos colindantes al mío, después han dicho que se lo han vendido las autoridades de la comunidad, después han dicho que ha sido otra persona. Pero no presentan el documento que dice que son dueños de mi predio», reclama Máxima.
Oro bañado en sangre
El proyecto Conga contemplaba el trasvaso de cuatro lagunas, con depósitos de oro, y una de ellas debía ser transformada en fosa para almacenar residuos. Las comunidades de la zona se opusieron al alegar que esa medida atentaría contra la biodiversidad. Se desató una protesta que paralizó el proyecto.
La oposición de Máxima tuvo un papel relevante. Los enfrentamientos con la minera han sido violentos y en el camino fue hasta sentenciada a tres años de cárcel, pero a fines de 2014 la justicia anuló la sentencia y consideró que ella no usurpaba ningún terreno. Ella ha denunciado una serie de actos de hostigamiento, en los intentos de la empresa por tomar posesión.
«A la minería le interesa destruir todo lo que hay, animales, árboles, la naturaleza. Para ellos eso es desarrollo. Pero para los campesinos es destrucción. Se llevan un oro bañado en sangre y lágrimas», agrega.
Asegura que así le pidan comprarle el predio, no venderá. «No hago esto por dinero, el dinero lo obtengo labrando mi tierra», dice esta campesina y artesana.
Los juicios no terminan
Yanacocha mantiene controlado los accesos al lugar que ella reclama, con guardias particulares, aplicando su derecho de posesión, el cual aseguran haber ejercido pacíficamente hasta que -según ellos- la familia de Acuña ocupó ilegalmente el predio hace 5 años.
La compañía mejoró los caminos de acceso al lugar, pero esta campesina de 46 años, su esposo y sus cuatro hijos tienen prohibido ingresar por esa ruta, por lo que tiene que dar un rodeo de dos horas más para poder entrar a su casa, cuenta la abogada de Máxima, Mirtha Vásquez, de la ONG Grufides.
Agotada la vía penal, donde Máxima salió airosa, se ha iniciado un proceso civil que puede durar dos décadas.
«La empresa pidió a la justicia impedir cambios en el predio hasta que termine el proceso. Y eso, por ejemplo, impedía sembrar para comer. Impugnamos esa decisión y se ha levantado esa medida», dijo la abogada a la AFP. En los últimos días, Máxima ha denunciado acoso de la firma, incluso con disparos, algo que Yanacocha niega rotundamente y aboga por encontrar una solución amistosa.
Pero Máxima tiene una posición clara: «Quemaron mis chozas, mataron mis animales, a mis perros. Me han amenazado diciéndome que por mi culpa no pueden trabajar, que nos van a sacar muertos de aquí (…) Prefiero perder la vida antes que entregar mi tierra. Esta es mi tierra».
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