La justicia argentina resolvió el lunes que el fuero federal investigue la muerte del fiscal Alberto Nisman, lo que implica admitir la hipótesis de homicidio del investigador del atentado contra el centro judío Amia en 1994, informó el portal del poder judicial CIJ.
La Cámara Nacional en lo Criminal rechazó una apelación del experto informático Diego Lagomarsino, el único imputado por haberle prestado el arma de la que salió el disparo que mató a Nisman el 18 de enero de 2015 en su departamento de Buenos Aires.
El sorteo de rutina hizo recaer la causa en manos del juez federal Julián Ercolini, uno de los magistrados que encabezó una marcha callejera hacia la Plaza de Mayo en la que se denunció que Nisman había sido asesinado, un mes después de aparecer muerto.
Hasta ahora parecía primar la hipótesis de un suicidio, pese a que la fiscal anterior, Viviana Fein, siempre sostuvo que barajaba tres hipótesis, una de suicidio, otra de suicidio inducido y también de homicidio.
Lo que sucedió finalmente es que triunfó la postura de los familiares querellantes quienes aseguran que Nisman fue víctima de un homicidio.
Fein había dejado de llevar adelante la investigación cuando la tomó en su manos la jueza en lo penal Fabiana Palmaghini, quien fue quien aceptó la postura de los querellantes y pidió el pase del caso al fuero federal.
El fuero federal toma un caso sólo cuando un funcionario público es asesinado por su condición de tal. Crímenes pasionales o de otro tipo quedan en la justicia penal.
«Podemos concluir que existen razones más que plausibles para poder dar crédito a la hipótesis de máxima, para suponer que la muerte también pudo ser el resultado de la actividad de terceras personas en el marco de su función», había dicho la cámara de apelaciones a finales de marzo cuando se pronunció por encomendar la investigación al fuero federal.
Nisman fue hallado en el baño de su apartamento con un tiro en la cabeza, sin que las pericias pudieran determinar rastros de la presencia de otra persona.
Cuatro días antes, Nisman había acusado a la entonces presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) de encubrir a los exgobernantes iraníes imputados por el ataque en Amia y el fiscal se aprestaba a declarar ante el Congreso.
La denuncia de Nisman contra Kirchner fue luego desestimada en la justicia. Uno de los acusados en el caso Amia es el ex presidente iraní Ali Rafsanjani, entre otros altos funcionarios.
La ex mandataria había impulsado en 2013 un acuerdo con Teherán para crear una comisión internacional de juristas que investigase el caso Amia, en el que murieron 85 personas y sufrieron heridas otras 300.
El caso no tiene ningún detenido y los iraníes se niegan a ser interrogados pese a que Kirchner se lo reclamó a Teherán durante varios años ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
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