Ministro de Justicia hasta finales de febrero, José Eduardo Cardozo se dirigirá al grupo formado por 65 diputados de diferentes partidos alrededor de las 19H30 GMT. La comisión abrirá después cinco sesiones de debate antes de votar su parecer, no vinculante, alrededor del 11 de abril.
La responsabilidad pasará entonces al plenario de la Cámara de Diputados, que votará días después si envía o no el pedido de juicio político al Senado. Para que el proceso continúe es necesario el apoyo de dos tercios de los diputados, 342 votos, de lo contrario será archivado.
Eso significa que Rousseff, cuyo principal aliado de la coalición de gobierno -el poderoso Pmdb del vicepresidente Michel Temer- se unió la semana pasada a la oposición, puede tener apenas días para captar votos y salvar su mandato.
En plena negociación en los bastidores políticos, se espera que la presidenta anuncie próximamente una reforma ministerial y de otros cargos gubernamentales a cambio de apoyos en el Congreso.
Además, el Supremo Tribunal Federal (STF) podría pronunciarse en breve sobre si autoriza el polémico nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de su gabinete.
El carismático ex gobernante (2003-2010) es crucial para movilizar las bases izquierdistas y como negociador de una coalición anti-impeachment, pero su entrada en el gobierno fue bloqueada por el STF después de que la oposición denunciara que intentaba obtener así inmunidad para evitar ser detenido en el marco de una investigación por corrupción vinculada al caso Petrobras.
En un mitin el sábado en el noreste de Brasil, bastión histórico del Partido de los Trabajadores, Lula dijo que la decisión podría conocerse el jueves.
«Esta semana será cuando ambos lados jugarán todas sus cartas con fuerza y harán sus movimientos», valoró a la AFP Gabriel Petrus, analista de la consultora Barral M Jorge Associados.
«La próxima semana veremos el resultado final de esta batalla», afirmó.
– Contra las cuerdas –
Rousseff está acusada de maquillar las cuentas públicas, un cargo que muchos expertos consideran relativamente débil para derivar en una destitución.
Aunque esta ex guerrillera izquierdista durante la dictadura militar (1964-1985) también está bajo el fuego de una severa recesión económica y el megaescándalo de corrupción en Petrobras. Con tan solo el 10% de aprobación popular y limitada por un Congreso en rebeldía que no aprueba sus medidas, Rousseff está cada vez más contra las cuerdas.
Pero quienes trabajan por apartarla del poder también enfrentan serias acusaciones.
El vicepresidente Temer, convertido esta semana en un peligroso rival de la mandataria, ha sido mencionado por varios implicados en el fraude a la petrolera estatal, aunque por ahora no enfrenta ninguna acusación.
En caso de que Rousseff fuera finalmente destituida, el ahora opositor Temer asumiría la presidencia hasta el final del mandato en 2018.
Más complicada aún es la situación del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo frontal de la mandataria y quien aceptó en diciembre abrir un pedido de impeachment en su contra.
El poderoso legislador fue acusado el año pasado por la Fiscalía de haber recibido al menos cinco millones de dólares en sobornos procedentes de la red corrupta que desangró a la petrolera estatal.
Cunha será juzgado por el STF, tal y como anunció el Tribunal en marzo, convirtiéndose así en el primer político protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de los acusados de la Corte Suprema en el marco del escándalo.
Este domingo, se supo también que su nombre podría estar implicado en los Panama Papers, a través de la propiedad de una empresa en un paraíso fiscal.
– Polarización –
Mientras la crisis política alcanzaba su fase más aguda, masivas protestas opositoras recorrieron el país pidiendo la salida de Rousseff, al tiempo que la izquierda respondía concentrando a cientos de miles de personas, aunque lejos de alcanzar los números históricos de las marchas pro-impeachment.
En la manifestación del sábado en Fortaleza, Lula afirmó que en sus 70 años nunca vio «un clima de odio establecido en el país como se está estableciendo ahora».
Con Rousseff denunciando que está siendo víctima de un «golpe» y la oposición clamando que está en juego el futuro del país, las actitudes se están recrudeciendo.
Un reflejo de ello son los planes de Cunha de romper la tradición de la cámara baja de que los presidentes no participan en votaciones como la del proceso de impeachment, según informó Folha el domingo.
De acuerdo al diario, el jefe los diputados brasileños planea transferir la crucial votación al domingo 17 de abril, facilitando así que la oposición pueda manifestarse fuera del Congreso en fin de semana.
«Se librará una batalla política», afirmó a Folha.
PUB/IAM
