“Tania” es una mujer chilena que quedó embarazada mientras se sometía a un tratamiento contra el cáncer. Su médico, entonces, le dijo que si decidía abortar, la denunciaría; el embarazo era incompatible con su tratamiento, por lo que tenía que elegir entre uno y otro. Finalmente, tuvo que interrumpir su embarazo de forma ilegal, marginada por el Estado y sin la protección de un sistema sanitario acorde.
Éste y otros casos de ocho países distintos de Latinoamérica y El Caribe son los que Amnistía Internacional levantó para ilustrar su informe “El Estado como aparato reproductor de la violencia contra las mujeres”, presentado ayer en contexto con el Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
Con la aparición del virus zika y su relación con la generación de microcefalia en fetos, también se inició el debate en los países más afectados, como Brasil y Colombia, sobre la posibilidad de aborto para las mujeres cuyos fetos padecieran el problema. Esto, a su vez, derivó en que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres volvieran a ser el centro de la discusión en una región en la que siete países lo prohíben en todas sus formas y sin excepciones (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam, y Chile).
Amnistía Internacional, haciéndose cargo de este tema, denuncia en su informe a los aparatos estatales como fomentadores de violencia, tortura y discriminación mientras no modifiquen sus legislaciones ni mientras implementen políticas públicas que ayuden a eliminar estas prácticas y que resguarden sus derechos de libre elección.
“Con estos ocho casos paradigmáticos de países distintos, vemos que finalmente en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica y El Caribe se genera un patrón de violencia institucional contra las mujeres”, dice Ana Piquer a Publimetro. “Casos en que las mujeres no tienen la posibilidad de tomar libremente decisiones, y en que los estados terminan imponiéndoles ciertas decisiones que van contra su voluntad”. Rosaura, dominicana de 16 años, murió de leucemia en agosto de 2012 a pesar de que pidió varias veces someterse a un aborto, práctica que su estado considera ilegal y de haberse practicado, habría salvado su vida. “Estos casos pasan por la criminalización del aborto, por políticas de esterilizaciones forzadas, y por diferentes formas en que el Estado ejerce violencia contra las mujeres o permite su reproducción”, agrega Piquer.
Estos casos ocurren muchas veces a pesar de que los estados están suscritos y han ratificado tratados internacionales, como la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de fines de los años 40. “Los casos tienen que ver muchas veces con patrones de discriminación que están muy arraigados culturalmente y sobre todo en América Latina y El Caribe, que finalmente tienen que ver con ciertos estereotipos de la mujer como madre, como reproductora, casi como una heroína en algunos casos”, explica Ana Piquer.
El informe, calificado como “demoledor” por Piquer, por Antonella Orsini, actirz y activista, y por Gonzalo Leiva, matrón y miembro del Observatorio de Violencia Obstétrica, quienes estuvieron en la presentación, recomienda a los estados de la región asumir sin más demora una “deuda histórica: eliminar los estereotipos de género tales como ‘toda mujer quiere y debe ser madre’ en la normativa estatal que regula el acceso a la salud sexual y reproductiva”, consideradas “legislaciones, políticas públicas y prácticas discrminatorias”.
PUB/FHA
