El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva afirmó el viernes que se sintió «prisionero» pero que no teme a la justicia, luego de que la policía allanara su casa y lo llevase a declarar forzadamente por el megafraude a Petrobras.
«Me sentí prisionero hoy de mañana», aseguró en la sede nacional del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en Sao Paulo, tras prestar testimonio ante la policía federal en el aeropuerto de Congonhas.
«Si querían escucharme solo tenían que llamarme que yo iba, porque no debo y no temo» a la justicia, sostuvo ante decenas de correligionarios que gritaban «¡Lula, guerrero, del pueblo brasileño!».
Las fuerzas de seguridad allanaron la mañana del viernes la casa del ex mandatario (2003-2010) a pedido de fiscales que investigan si tanto él como su familia recibieron favores de grandes empresas constructoras.
Los fiscales «encendieron en mí la llama. ¡La lucha continúa!», sostuvo. «Creo que merecía un poco más de respeto en este país», pero «no voy a bajar la cabeza».
«No sé si seré candidato en 2018» a la presidencia, sostuvo, pero anticipó que recorrerá el país defendiendo al PT.
Los fiscales que investigan a Lula detallaron sus principales sospechas de posibles crímenes de corrupción y lavado de dinero contra el exmandatario, una de las figuras políticas más importantes de América Latina.
«Lula, además de líder partidario, era el responsable final de la decisión de quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos. De hecho, surgieron evidencias de que los crímenes lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja de su fuerza política», dijo la fiscalía de Paraná, que investiga el caso, en un comunicado.
El procurador Carlos Fernando dos Santos Lima indicó a periodistas que grandes constructoras acusadas de corrupción en Petrobras pagaron a Lula en forma de donaciones u honorarios por dictar conferencias cerca de 30 millones de reales (unos 8 millones de dólares).
«Los favores son muchos y difíciles de cuantificar», afirmó el investigador.
«Violencia»
El Instituto Lula del ex mandatario sostuvo que las acciones policiales de este viernes representan «una agresión al Estado de Derecho».
«La violencia practicada hoy contra el ex presidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la ex diputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al ex presidente es una agresión al Estado de Derecho que afecta a toda la sociedad brasileña», afirmó en un comunicado.
La acción de la policía «es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta a la Corte Suprema», agregó.
Lanzando gritos y coreando consignas, decenas de manifestantes se agolparon en la sede de la policía donde Lula declaró durante unas tres horas, algunos para apoyarlo y otros para repudiarlo, y varios se enfrentaron a golpes, constataron periodistas de AFP.
La presidenta Dilma Rousseff, su ahijada política, divulgó por la tarde un texto con su nombre manifestando su «integral disconformidad» con la forma en que fue tratado Lula por los funcionarios de justicia cuando el exmandatario ya había comparecido voluntariamente antes.
Mientras, algunos legisladores de su fuerza fueron más lejos. Para José Guimaraes, líder de los diputados del PT, se trató de «una acción que indica claramente que nos declararon la guerra, a nuestro proyecto político, al presidente Lula, al PT y a la presidenta Dilma».
Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, también cuestionó duramente lo sucedido y apoyó al hombre fuerte de la izquierda brasileña: «Lula el Camino ha sido largo y no han podido contigo, de este ataque miserable saldrás más fuerte, Venezuela te Abraza», escribió en su cuenta de Twitter.
Propiedades de lujo
«Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte», sostuvo la fiscalía en un comunicado.
Lula niega ser propietario del tríplex en un balneario del estado de Sao Paulo y de la finca. La fiscalía sospecha que los predios fueron reformados por grandes constructoras brasileñas, que a cambio obtenían contratos en la estatal Petrobras.
«Creemos que la finca es realmente del señor Luiz Inacio», dijo el fiscal Lima.
Lula continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Brasil y su destino está estrechamente ligado al de Rousseff y del PT.
La «Operación Lava Jato» (lavadero de autos) que desvió más de 2.000 millones de dólares de Petrobras es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a decenas de parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios de la petrolera y algunos de los principales empresarios del país.
Los allanamientos se producen un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista, Delcidio Amaral, acusando a Rousseff de interferir en la investigación de Petrobras y a Lula de estar al tanto del esquema de corrupción.
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