Durante esta semana los rectores de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales anunciaron que evalúan la posibilidad que sus casas de estudios dejen de ser parte de la gratuidad universitaria, debido a las deficiencias económicas que les han traído desde que decidieron adscribir al beneficio.
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Si bien otras instituciones que forman parte de las 30 universidades con gratuidad universitaria argumentaron estar de acuerdo con el anuncio, desde el gobierno clarificaron que están buscando medidas para que ninguna de estas casas de estudio dejen de ser parte de la gratuidad, y que los alumnos no se verán perjudicados.
“Todo alumno que tiene gratuidad siempre la mantiene, si el día de mañana una universidad no quisiera seguir en la gratuidad, los alumnos que ya la tienen es un derecho y por lo tanto se mantendría, pero haremos todo lo posible para que se mantenga en todas las universidades actuales”, afirmó la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
La versión de la secretaria de Estado, es extendida por el director de Magíster de Política Educativa UDD, Mauricio Bravo, quien explica que los alumnos con el beneficio lo mantienen hasta completar sus estudios universitarios, lo que cambia es para los que ingresen desde el 2018.
“Los alumnos que ya tienen gratuidad no la perderían, seguirían hasta que terminen su carrera, el problema sería para los nuevos alumnos que no podrían optar por una de estas universidades, por lo que la decisión tendría que ir por otras instituciones de menor calidad”, argumenta Bravo.
Siguiendo el mismo argumento, Andrés Bernasconi, académico de la Facultad de Educación e investigador de Ceppe UC, es claro en asegurar que se debe tener un mecanismo que se mantenga en el tiempo para asegurar la gratuidad y los recursos para cada uno de los planteles.
“Tienen razón los rectores cuando reclaman, porque estos temas son tan delicados y fundamentales para las instituciones que estar regulándolos todos los años por vía de una glosa en 4 días, genera mucha inestabilidad e incertidumbre, se debería tener algo concreto y estable”, afirma Bernasconi.
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Desde Acción Educar, argumentan que el diseño de la política de gratuidad viene con falencias, que se deberían arreglar en la tramitación del proyecto para no perjudicar en la calidad de las instituciones.
“Hemos insistido en que la política de gratuidad tiene una serie de falencias que afectan la calidad del sistema de educación superior, porque genera importantes déficit financieros para las instituciones, y es es difícil de solucionar porque deriva de un aspecto esencial de la gratuidad que se quiere imponer que es la fijación de aranceles, por eso afectará a la calidad de las instituciones”, sostiene Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
