El pasado 1 de junio la Presidenta Michelle Bachelet anunciaba los plazos para la entrada en vigencia de la esperada Ley “Ricarte Soto”, la que entraría en vigencia el último trimestre de este año.
Esto, luego de un plazo de 90 días para que los ministerios de Salud y Hacienda dictaran los reglamentos que dieran paso al primer decreto para implementar el sistema deportación financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo.
Sin embargo, la ley aún no comienza a regir y desde el ministerio de Salud confirman, según reproduce “El Mercurio”, su entrada en vigencia podría extenderse hasta el próximo año.
Al respecto, el subsecretario de Salud, Jaime Burrows, explica que los primeros reglamentos que harán operativa la norma cumplieron con el plazo de 90 días t están desde septiembre en Contraloría para su aprobación.
No obstante, el ente fiscalizador no tiene plazo para la toma de razón, aunque desde el minas estiman que ello ocurra en enero de 2016.
A esto se suma la necesidad de un decreto con la lista de las enfermedades cubiertas, el que esperan concretar durante este mes para que la Presidenta Bachelet lo firme y la Contraloría pueda tomar razón.
La definición de las enfermedades también dependen de otro factor, la presencia de los tratamientos. Según establece la Ley, una vez que entre en vigencia la normativa, los pacientes podrán exigir inmediatamente sus tratamientos y como se requieren fármacos de alto costo y poca oferta en el mercado, no hay seguridad de si se podrá contar con ellos.
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