La Justicia argentina abrió hoy una investigación por la denuncia presentada contra el gobierno por una presunta trama de espionaje ilegal a periodistas, políticos opositores, empresarios y jueces, presentada por dos diputadas conservadoras en la recta final de la campaña electoral.
El juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, dijo a radio Vorterix que esta madrugada ordenó “medidas instructoras” para investigar el presunto espionaje denunciado por Laura Alonso y Patricia Bullrich, diputadas del bloque opositor Unión Pro.
Casanello, quien dictó el secreto de sumario, afirmó que la denuncia no tiene por ahora “documentación ni listado”, en referencia a la lista sobre personalidades presuntamente espiadas difundida por las legisladoras a través de medios locales.
El Gobierno argentino negó hoy la acusación y aseguró que los servicios de inteligencia argentinos no realizan “ninguna tarea de interceptaciones telefónicas o seguimientos de comunicaciones por cualquier medio”.
El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, calificó como “un invento” la denuncia presentada por Bullrich y Alonso.
Entre los políticos supuestamente escuchados están cuatro candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo domingo: el conservador Mauricio Macri, en cuyo partido están Bullrich y Alonso; los peronistas disidentes Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá y la progresista Margarita Stolbizer.
También aparecen mencionados otros, como Gabriela Michetti, candidata a vicepresidenta en la lista de Macri, y Felipe Solá, aspirante a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires por el frente que lidera Massa.
Además aparecen los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y periodistas de medios críticos con el gobierno, como Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Jorge Lanata y Luis Majul.
“El seguimiento a ciudadanos, periodistas, jueces, políticos, e intelectuales, es un paso más de los aparatos de inteligencia y control sobre todo aquel que piensa distinto y sobre los temas que le arden en la mano al gobierno, como el caso Nisman”, sostuvo este martes Bullrich al hacer pública la denuncia.
Los servicios de inteligencia en Argentina quedaron bajo la lupa tras la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la mutual judía Amia, que dejó 85 muertos en 1994, Alberto Nisman, ocurrida en enero pasado en circunstancias aún sin aclarar.
El gobierno de Fernández relacionó entonces la muerte con una guerra interna entre sectores de los servicios de Inteligencia.
Tras el escándalo por la muerte de Nisman, Fernández impulsó un proyecto para modificar las estructuras de los servicios secretos, disolvió la antigua Secretaría de Inteligencia y creó una agencia federal que lleva a cabo esta tarea.
Para Alonso, la existencia de una lista con personalidades espiadas “demuestra que el cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia (SI) por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue maquillaje”.
En Argentina, la ley de Inteligencia prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos “sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales”, así como por la actividad lícita “que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
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