Este miércoles comenzó a regir la nueva ley de estacionamientos que fijan nuevos criterios a la hora de cobrar la tarifa y también establece obligaciones a los proveedores de este servicio.
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Sin embargo, las críticas no han estado ausentes y las posturas no llegan a un consenso sobre si la norma es un beneficio real para los consumidores.
Conadecus: “Esta ley está hecha a medida de las empresas”
“Si bien participamos desde el origen en las primeras conversaciones de esta ley con algunos diputados, todas las modificaciones que sugerimos no fueron contempladas”, se lamenta Laura Medel, directora ejecutiva de Conadecus.
En ese sentido, comenta que ellos postulaban inicialmente una gratuidad de dos horas que fuera verificable con alguna boleta de consumo en el mall y en el caso de las clínicas, demostrar que fue en busca de algún servicio de salud, más allá de las urgencias.
Si bien, reconoce como positivo que se comience a cobrar por lo que efectivamente se usa, critica que en términos de seguridad “no sabemos todavía cómo se va a implementar esto de hacer la declaración de bienes con valor al interior de los vehículos. Por tanto, en caso de que se produzca un robo en el vehículo, el problema es que la víctima es la encargada de hacer toda la tramitación probatoria para decir que las medidas de seguridad implementadas por la empresa no fueron suficientes.
De esta manera, Medel afirma que hubo un fuerte lobby por parte de las empresas involucradas. “Esta ley está hecha a medida de ellas”, afirma. Y agrega que trabajarán con los diputados que estaban de acuerdo con la idea original para presentar un nuevo proyecto que corrijan las fallas, que consideran, tiene la norma.
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Senador Tuma y críticas: «Eso es populismo»
“Este era un mercado no regulado desde el punto de vista de los consumidores, porque cualquiera pedía los precios que quería en las condiciones que quería y los consumidores se sentían abusados”, destaca el senador del PPD Eugenio Tuma, respecto de las virtudes de esta norma.
Respecto de las críticas a rol de las empresas respecto de la seguridad al interior de estos recintos, el parlamentario enfatiza que había “que hacer una ley sensata, equilibrada. No puedo obligar a los proveedores paguen de inmediato lo que el consumidor dijo que tenía que le robaron, eso tiene que probarlo ante el juez o lo declara antes o lo declara después, pero no puede ser que el proveedor del servicio esté obligado a pagar todo lo que declare alguien que se le perdió”, sostiene.
En ese sentido, argumenta que establecer algo así, “el valor del estacionamiento sería inalcanzable para que alguien lo pague, porque ¿quién va a pagar eso? Los consumidores de los servicios, entonces se encarecería a tal nivel para pagar inclusive a personas que declararon que le robaron algo que no existió nunca”, acusa.
Respecto a la fallida gratuidad gratuidad, Tuma indica que la razón para que esto no se concretara en el proyecto es debido a que “ni el Congreso ni el Ejecutivo tienen facultades para obligar a un proveedor a prestar el servicio gratuitamente, no se pueden fijar precios, ni mucho menos decirle préstelo gratuitamente, ni a una zapatería, ni a un proveedor de combustible, etc”.
En esa línea, insiste en que “la realidad constitucional no nos da derecho ni a presentar ni a aprobar leyes inconstitucionales, porque si no lo haríamos con el agua con las comunicaciones, con el vestuario, eso es populismo”.
Asimismo, frente a quienes insisten con esa idea de establecer un periodo de no pago, el senador asegura que lo hacen “sólo con el fin de justificar el populismo sin sentido que han planteado en un proyecto que es absolutamente inconstitucional. Constitucionalistas de todos los sectores políticos, señalaron la inconstitucionalidad de la iniciativa o de la gratuidad. Entonces para qué hacerle ilusiones o engañar a la ciudadanía”, asegura.
