"Si rechazara la maldad huyendo, no podría estar en ninguna parte".
Así le dice a BBC Mundo Osvaldo Aravena, uno de los laicos chilenos que se reunió con el enviado especial del Vaticano para investigar los abusos sexuales en Chile, Jordi Bertomeu, y parte del grupo que, tras esa reunión, aseguró que ya no le temía al poder de los obispos chilenos.
Aunque no es víctima directa, al igual que muchas otras personas en el país Aravena también ha sido tocado y conoce de cerca los delitos cometidos por algunos curas chilenos y encubiertos por las autoridades eclesiásticas, prácticas ante las que el Papa Francisco reconoció públicamente "dolor y vergüenza".
Periodista de profesión, la vida de Aravena ha transcurrido cercana a la iglesia, especialmente en los años 80, cuando a través de la Vicaría de la Solidaridad algunos sacerdotes protegieron la vida o documentaron el sufrimiento de la gente perseguida por los servicios secretos de la dictadura.
Pero esa cercanía se fracturó cuando Ricardo Muñoz, el sacerdote que hizo la misa fúnebre de la abuela de Aravena, fue condenado el 2011 a 10 años y un día de cárcel por la explotación sexual de cuatro menores y el almacenamiento de pornografía infantil.
En un caso lleno de escabrosos detalles, los persecutores detallaron que el cura tenía un número indeterminado de hijos y una pareja que le ayudaba a contratar a las víctimas del abuso, a quienes llevaba a moteles y pagaba con dinero robado de la Iglesia.
Si alguna menor lo reconocía, Muñoz decía que no era el cura, sino su hermano gemelo.
El mismo sacerdote ofició también el bautizo de la única hija de Aravena.
"Hoy ella tiene una distancia sideral con la Iglesia Católica y yo no le he querido contar lo que pasó. No asocia que el cura que la bautizó es un abusador, pero tampoco pesca más a la iglesia", cuenta.
El condenado Muñoz es uno de los 80 religiosos denunciados públicamente en Chile según las cifras de la organización estadounidense Bishop Accountability, que advierte, eso sí, que se trata de un número muy preliminar de abusos.
En su página web, la organización asegura que el listado representa solo "una fracción del total de clérigos denunciados por abusos, cuyos nombres serían conocidos si los obispos chilenos tuvieran la obligación de presentar una denuncia ante la justicia civil, si su sistema legal les diera a las víctimas más tiempo para presentar denuncias penales y civiles, o si los fiscales y comisiones estatales investigaran las diócesis".
"Impotencia e indignación"
Osvaldo Aravena cuenta que conoció a Muñoz a mediados de los 80, en una comuna rural donde vivían unas 30 mil personas. "Los párrocos son importantes en lugares como esos", le dice a BBC Mundo.
Sin conocer la doble vida del cura, que solo saldría a la luz tras su detención, se lo volvió a encontrar 20 años después trabajando en otro lugar, en una iglesia que atendía a sectores de menos recursos. Allí le pidió que oficiara el bautizo de su hija. Pocos años después, un programa de televisión "sorprendió a su amante llevando material pornográfico y para abusos", recuerda Aravena.
"Sentí impotencia, indignación. Empecé a investigar el tema y lo que más rabia me da es que las víctimas dicen: una cosa es el abuso y otra es la protección a los abusos", dice el periodista.
"Hay un diálogo en la película Spotlight donde le dicen al equipo de Mike Rezendes que esto no se trata de un cura, esto se trata de un sistema. Lo mismo pasa en Chile. Si un sacerdote dejaba embarazada a una mujer, lo expulsaba. Y los que abusaban, los cambiaban de parroquias", resume.
El juicio contra Muñoz se realizó en enero del 2010. Tres meses después, el país se conmocionaba ante las denuncias en televisión de los sobrevivientes de otro sacerdote, Fernando Karadima, una figura influyente entre los sectores más poderosos de la sociedad chilena.
Sus principales denunciantes, el médico James Hamilton, el periodista Juan Carlos Cruz y el sicólogo José Andrés Murillo, llevaron sus acusaciones ante los medios y la justicia y tras años de lucha, lograron que los tribunales chilenos acreditaran sus denuncias y que Karadima fuera condenado por el Vaticano.
Pero la decisión de la Iglesia Católica de nombrar a uno de los cercanos de Karadima, Juan Barros, como Obispo de Osorno, gatilló la división entre los fieles de la ciudad sureña, la presión de los laicos, los medios y la ciudadanía y, finalmente, hasta la intervención del Papa, además de una crisis sin precedentes en la iglesia chilena.