Ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña están tras las rejas y la justicia española también pretende el arresto de su presidente, Carles Puigdemont, así como de los cuatro consejeros que lo acompañan en Bélgica.
Todos tienen en común su decidido apoyo a la causa de la independencia catalana y, como queda claro en los autos dictados por la jueza que lleva la causa, su imputación está vinculada a "la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república".
Pero, en lo concreto, la acción judicial se centra en la posibilidad de que en la búsqueda de esa independencia tanto Puigdemont como su gabinete hayan incurrido en una serie de delitos punibles con varios años de prisión.
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Específicamente, a todos los procesados se les imputan los delitos de rebelión y sedición, además de malversación.
Y en la orden de captura internacional extendida por la jueza Carmen Lamela contra el expresidente de la Generalitat también se incluyen otros dos posibles delitos: desobediencia y prevaricación.
