Derechos, libertades, garantías y deberes eran los temas que se trataron ayer en el segundo día de plenos en el Consejo Constitucional. Se aprobó la posibilidad de solicitar reclusión domiciliaria para mayores y la expulsión de inmigrantes ilegales, pero el mayor tiempo de discusión y de repercusiones posteriores fue el cambio de una palabra en el primer capítulo: “La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte”, dice ahora, porque se reemplazó la frase “del que está por nacer”.
La modificación causó inquietud y fuertes recriminaciones en el Pleno, pues los representantes de izquierda consideran la norma permitiría anular la ley de aborto en tres causales, mientras que la derecha asegura que es un cambio muy menor respecto de la actual normativa.
La consejera Marcela Araya (PS) manifestó que las mujeres “estamos en alerta, porque nuestros derechos sexuales y reproductivos se encuentran en peligro con la aprobación del artículo que consagra la vida de quien está por nacer, lo que pone en riesgo de inconstitucionalizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”.
La consejera Paloma Zúñiga (RD) comentó que “petrificar la discusión del aborto libre o retroceder en el aborto en tres causas no es el rol de este Consejo Constitucional, en este punto es necesario ser consecuente”, a la vez que María Pardo (CS) agregó que “no es inocente y no podemos ser tan ingenuos de pensar que este cambio en palabras no significa nada, evidentemente que significa algo. Si ellos hubieran querido mantener la fórmula como está, eso hubiera dado una señal”.
Desde Republicanos, el partido de la mayoría, María de los Ángeles López expresó que “todo ser humano es persona. Matar no es fortalecer el derecho a la vida, es avanzar en el aborto libre... para matar, eso es un retroceso. Matar no es un derecho humano”. “La bancada republicana elige la vida, mientras ustedes eligen la muerte”, dijo también.
Del mismo partido, Antonio Barchiesi expuso que “el hecho que esta norma no consagre la prohibición directa del aborto es para nosotros un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto, en cuanto permite el asesinato de un inocente”.
“En nuestra bancada todos están por la vida y nadie votará favorable nunca una norma que sea para el aborto libre”, declaró Pilar Cuevas (RN).
La norma consiguió los 33 votos de Chile Vamos más Republicanos y obtuvo los 17 en contra del resto de los partidos (como fue la tónica durante el día). De esa manera, se marcó una diferencia con lo ocurrido el viernes, cuando hubo cuatro abstenciones de consejeros del bloque de derecha sobre la norma que planteaba que “todo ser humano es persona”. El quiebre de ese día “se va superando día a día”, recalcó Luis Silva, jefe de la bancada del Partido Republicano.
El tema del aborto también apareció en la discusión por otro artículo, en que, en medio de la norma sobre libertad religiosa, se incluye “la libertad de conciencia individual e institucional”.
Al respecto, la comisionada experta Antonia Rivas (CS) manifestó que “es extravagante. Amplía una capacidad de las personas a las instituciones. Y si la tuviera, podría decidir no pagar impuestos; no enterrar a sus muertos; si es un colegio, discriminar a una niña transgénero; o, una institución de salud, que recibe recursos públicos, dejaría sin un aborto a una niña víctima de una violación”.
María Pardo (CS) dijo que “consagrar la objeción de conciencia institucional es habilitar a, por ejemplo, empresas a negarse a acatar las leyes que consideren contrarias a sus convicciones”.
En otras normas del mismo tenor, se visó también la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos, con sólo los votos de la derecha, así como la libertad de expresión.
Norma que favorece a reos de “Punta Peuco” causa quiebre menor en la derecha
Aunque el tenor de la norma es diferente a cuando fue creada por Republicanos y fueron acusados de querer favorecer especialmente a presos por crímenes en Dictadura de Punta Peuco, la idea de que personas con enfermedades terminales, y que no sean un peligro para la sociedad, cumplan pena en sus domicilios causó discusiones. Fue aprobada, pero no por los 33 votos de la derecha.
Según Karen Araya (PC), “los republicanos incorporaron un literal que favorece a los privados de libertad mayores de 75 años… quiero recordarle al Pleno, pero sobre todo a la ciudadanía, que se habían comprometido a eliminarla, pero eso no sucedió”. Sin embargo, como reconoció Yerko Ljubetic (CS), esta norma es “sucesora de la enmienda de Punta Peuco”.
La norma tuvo la abstención de Gloria Hutt (Evópoli) y el voto en contra de Lorena Gallardo (Ind./RN), quien explicó que “estamos presentando enmiendas que no son de rango constitucional, sino de carácter legal, que son una competencia de los parlamentarios, por eso mi voto en contra”.
En tanto, se rechazaron la Defensoría de los Derechos Humanos y el reconocimiento y reparación por violaciones a los DD.HH.
Durante la jornada también se aprobó que “los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen”. El consejero Fernando Viveros (PC) precisó que “la migración es un fenómeno complejo y que es necesario ordenarlo, pero también es necesario dotarlo de una mirada de humanidad”.
