La ex candidata a gobernadora regional por la región Metropolitana, Karina Oliva, enfrenta una investigación en medio de la creciente controversia en torno al mal uso de fondos públicos por parte de ONG y entidades gubernamentales. Según consignó La Tercera, la Fiscalía Sur y el OS-7 de Carabineros están llevando a cabo una pesquisa en la que se alega que Oliva y su equipo utilizaron una fundación “fantasma” para canalizar alrededor de $120 millones en financiamiento durante su campaña electoral en 2021.
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La Tercera señala una serie de testimonios que revelan el modus operandi utilizado por Oliva y su círculo cercano para desviar fondos públicos hacia su campaña. Se alega que la fundación en cuestión, llamada “Chile Movilizado”, funcionaba como una fachada, ya que carecía de actividades reales, como reuniones de directorio, página web y materiales utilizados en proyectos concretos.
La Fiscalía estableció que la ex militante de Comunes habría defraudado al Estado al utilizar la Fundación Chile Movilizado para obtener el dinero que supuestamente financiaría un informe. Sin embargo, se sospecha que dicho informe nunca fue realizado y que, en su lugar, se habría presentado un informe similar obtenido previamente de Criteria, lo que plantea la posibilidad de plagio.
El destino final de los $120 millones sigue siendo incierto, y los informes indican que se retiraron en efectivo de la cuenta designada para la campaña. La investigación sigue en curso mientras se reúnen pruebas adicionales y se evalúa la posible formalización de cargos.
