Con la finalidad de revisar las instalaciones y los protocolos de trabajo frente a la denuncia pública realizada por el parto que una imputada tuvo el pasado 25 de diciembre, en el pasillo de la cárcel de San Miguel, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, realizaron esta jornada una visita de inspección al recinto penitenciario.
En la oportunidad, y además de dialogar con las internas, las autoridades públicas confirmaron que se instruyó un sumario interno para determinar las responsabilidades del caso y dispusieron la inmediata implementación de una serie de medidas que buscan el bienestar de la población penal.
Medidas preventivas en cárcel de San Miguel
“Quisimos hacernos presentes en esta visita, para constatar en terreno las condiciones de las privadas de libertad que están embarazadas, puérperas y con hijos menores, también conversar cara a cara con internas en cuanto a cómo se están cautelando sus derechos en lo que tiene que ver con el enfoque de género, sus controles y algunas condiciones especiales de vulnerabilidad”, señaló la ministra Orellana.
Por su parte, el subsecretario Gajardo ratificó la medida sumarial, cuyo objetivo busca “recabar toda la información y determinar las responsabilidades que caben por la no utilización de los protocolos que existen para este tipo de casos y que se encuentran absolutamente normados”.
“En la visita de hoy (sábado) hemos insistido en la necesidad de aplicar estos protocolos”, aclaró.
Sumario al recinto penitenciario
Dicho sumario, complementó el director de Gendarmería, fue ordenado el pasado 27 de diciembre, y se espera que en el se puedan “determinar eventuales responsabilidades frente a este hecho”.
“Se efectuó una revisión a los espacios utilizados por las personas embarazadas y el sector de lactantes, además se incluyeron otros lugares donde las internas tienen convivencia en el día a día. Se levantaron también aquellos antecedentes con relación a mejoras en infraestructura”, informó Urra.
En esta inspección también se hizo presente la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, quien aseguró que “hemos insistido en la necesidad de incorporar el enfoque de género en la tramitación de las causas penales, la permanente preocupación por el uso abusivo de la prisión preventiva, sobre todo cuando tenemos población como mujeres embarazadas o con hijos pequeños”.
Cabe recordar que la mujer imputada que dio a luz al interior del recinto penal, fue trasladada el pasado 27 de diciembre y una vez que retornó del Hospital Barros Luco, a la Sección Materno Infantil, donde se encuentra acompañada de su hijo recién nacido, encontrándose ambos en perfecto estado de salud.
