El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella interpuesta por el diputado republicano Juan Irarrázaval, en contra del Gobierno que pretende sancionar a quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos, por el proceso de compra de casi 700 mil textos de nueva Constitución.
El abogado fundamenta la acción legal luego de que, a través de una resolución exenta del 21 de julio suscrita por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se aprobó la contratación, impresión y distribución del texto de la propuesta de Nueva Constitución, para la repartición de 692.000 ejemplares.
Este escrito apunta específicamente al ministro de la Secretaría General de la República, Giorgio Jackson, y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos.
“No se trata de la forma en que fue realizada la contratación, ya sea mediante trato o contratación directa o licitación (pública o privada), sino que en general la referida Ley Nº 21.395 establece una prohibición en tal sentido. La Ley correspondiente (...) no autoriza la contratación (edición) de la impresión de libros”, agregando que “los fondos (...) sólo pueden ser utilizado para el ‘funcionamiento’ de la CC”, señala el texto.
Irarrázaval señaló a La Tercera que “acá ha ocurrido un delito: se malversaron fondos públicos. Habiendo una prohibición expresa de imprimir, se mandó con urgencia y a un proveedor directo. Tres faltas en una”.
“Por lo que ahora que la querella fue acogida a trámite, nosotros vamos a insistir y agotar todas las instancias, administrativas y penales, para exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en estos actos de intervención electoral e incorrecta utilización de recursos públicos”, aseguró.
