La excandidata a gobernadora, Karina Oliva, afirmó que seguirá acudiendo a prestar declaraciones después de haber roto su derecho a guardar silencio en el marco de una investigación por eventual fraude de subvenciones.
La también excandidata a senadora acudió este jueves a las dependencias de la Fiscalía Sur, donde la interrogaron en calidad de inculpada por eventual obtención de prestaciones indebidas y delitos particulares de la ley electoral.
Tras entregar testimonio, Oliva aseguró que “es relevante entregar todos los antecedentes que permitan esclarecer hechos, situaciones más confusas o más complejas para la opinión pública, conocer sobre gastos electorales”.
”Eso vamos a seguir haciendo la próxima semana, con exactitud, con tranquilidad, pero también con todo lo que corresponda entregar. Para que no solo en la Fiscalía haya un convencimiento del procedimiento que hay, sino que también de la opinión pública”, añadió.
Además, la exmilitante de Comunes descartó que existan irregularidades en sus boletas emitidas, asegurando que “hemos dicho constantemente, tanto al Servel como a Fiscalía y a la opinión pública, que todos los gastos realizados y servicios prestados fueron debidamente respaldados, justificados y aprobados por el Servicio Electoral”.
En tanto, su abogado Juan Carlos Manríquez aseguró que no hay “ningún vínculo entre el Gobierno de Gabriel Boric y la campaña” de su representada.
Junto a ello, remarcó que “hasta ahora el Servel ha aprobado todas las cuentas, y todas las rendiciones electorales, descartamos la comisión de todo tipo de ilícito de naturaleza penal. Pudieron haber ocurrido algunas desprolijidades administrativas, pero no ilícitos”.
Recordemos que la Fiscalía Nacional abrió de oficio la indagatoria en noviembre del año pasado, después de que Ciper Chile emitiese un reportaje donde se revelaba que siete militantes de Comunes emitieron boletas por un total de $137 millones por conceptos de asesorías durante la campaña de Oliva a la gobernación.
La revelación repercutió directamente sobre la entonces aspirante a la Cámara Alta, ya que los montos figuran entre los más altos de una campaña desde que existe el registro del Servicio Electoral.
