Ayer 16 convencionales suscribieron una propuesta de norma a fin de terminar con el Tribunal Constitucional y entregar el control de constitucional a la Corte Suprema y el Congreso.
La convencional Manuela Royo, explica las razones.
¿Por qué eliminar el TC y no reformularlo?
Porque su principal función -control preventivo- no tiene justificación en una sociedad democrática: las leyes las dictan los poderes elegidos directamente por los ciudadanos. Y de existir problemas con derechos fundamentales pueden ser resueltos normalmente por jueces profesionales como es la Corte Suprema. Se evita, además, la captura política que hemos visto en el TC chileno, lo que afectado gravemente su legitimidad.
Quienes se oponen dicen que la Suprema también se podría politizar. ¿Qué le parece esa crítica?
La Corte Suprema tiene un bajo riesgo de captura política, porque sus integrantes son jueces profesionales, que ingresan al Poder Judicial décadas antes de acceder a la Suprema. Al existir carrera profesional los riesgos de captura política disminuyen.
¿Han recibido reacciones de integrantes del TC?
Evidentemente pueden tener sus reservas, su posición, es su trabajo. Pero creo que tenemos que poner al frente el bien común, más allá de intereses individuales; y si hay que salir a discutir, a debatir jurídicamente, lo tenemos que hacer, porque creemos que es necesario que esta nueva institucionalidad refleje la democratización y modernización de nuestro sistema judicial.