La bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) anunció un proyecto de ley para que las municipalidades puedan desarrollar actividades empresariales o comerciales destinadas a transportar, distribuir y comercializar gas licuado.
La iniciativa se enmarca en la petición de distintos alcaldes a la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) para ser distribuidores minoristas. Denominada “gas popular”, la idea ganó fuerza producto del alza de precios en el mercado del gas.
Sin embargo, un dictamen de Contraloría informó que “las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”, consignando que “la venta de gas a sus vecinos solo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente”.
En ese contexto, los diputados PPD proponen autorizar mediante una ley orgánica a los municipios para que puedan participar de manera activa en la actividad comercial del gas licuado, ya sea de manera singular o a través de una asociación o agrupación.
El diputado Raúl Soto (PPD) destacó que su bancada abrió la fiscalización del gas licuado en marzo, que “cimentó el camino para la creación de una comisión investigadora que aprobó un informe unánimemente y de forma categórica”, señaló
“Nos hemos formado la convicción que hay elementos de una colusión que deben ser investigados y sancionados con toda la fuerza de la ley, y al mismo tiempo hicimos propuestas en materia regulatoria para generar mayor competencia pública y privada”, añadió.
Respecto al dictamen del ente contralor, Soto aseveró que “tenemos diferencias, al igual que los municipios con esa interpretación, pero la Contraloría es un órgano fiscalizador de todos los entes del Estado que hay que respetar”.
“En esa línea estamos presentando una ley de quórum calificado, que faculta expresamente a los municipios de Chile para la distribución minorista, para el transporte y almacenamiento de gas licuado en nuestro país, para que a partir de allí los municipios puedan hacer efectivos los convenios con la ENAP, y avanzar en la tramitación y autorización de la Superintendencia para que puedan en un corto plazo entrar y ser distribuidores de galones de gas licuado en nuestro país”, complementó.
Mientras, su par Ricardo Celis señaló que “no es posible que los municipios tengan que asumir las tareas que el Estado debe asumir. Aquí hay un tema de fondo que no está resuelto que tiene que ver con el lucro y el precio increíble de los fármacos, el gas y la bencina, fuera del alcance de las familias, por lo tanto, esto que están buscando los alcaldes es un parche curita, pero igual solidarizamos con ellos y los felicitamos”.
“Por esto no puede continuar, porque si no para cada cosa vamos a tener que hacer leyes especiales para que los municipios sean quienes busquen los precios justos para las familias”, sentenció.
